Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana (2015)

[5]​ Otros medios internacionales, como The Guardian,[6]​ recogen las preocupaciones expresadas por el International Press Institute respecto a las provisiones «desproporcionadas» que «perjudica al pueblo español en su derecho al acceso a la información sobre temas de interés público».

Durante su tramitación parlamentaria, el proyecto de ley recibió numerosas enmiendas (incluyendo varias enmiendas a la totalidad)[10]​[11]​[12]​ que forzaron al Gobierno a suavizar el texto inicial.

También se ha criticado lo abultado de las sanciones pecuniarias establecidas en la ley para las infracciones, que pueden alcanzar los 600 000 € para las muy graves en grado máximo (artículo 39.1.a.[1]​).

[27]​[28]​ El defensor del pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, declaró su intención de investigar su aplicación durante el confinamiento.

[29]​ Sin embargo, no ocurrió nada y la ley sigue vigente, aun habiéndose pronunciado en contra el PSOE desde que fue aprobada por el PP.

El presidente del Partido Popular Pablo Casado declaró: «Quiero anunciar que si se aprueba esta reforma la llevaremos inmediatamente al Tribunal Constitucional y en cuanto lleguemos al gobierno recuperaremos la Ley de Seguridad Ciudadana».