Además, ha jugado un papel determinante en la solicitud de Palestina ante la Corte Penal Internacional.
Dirigió la ONG Addameer para la defensa de prisioneros y detenidos palestinos.
[5] Jalida Yarrar ha sido arrestada en numerosas ocasiones por las autoridades israelíes, la mayoría de las cuales desembocaron en una detención administrativa, lo que supone el encarcelamiento por un tiempo indefinido sin que se presenten cargos ni se lleve a juicio al detenido.
En una ocasión, un tribunal militar israelí la acusó de «incitación e implicación en actividades terroristas».
[6] En 2024, fue arrestada nuevamente después del estallido de la guerra entre Israel y Hamás.
En 2005, las autoridades israelíes se negaron a permitirle salir del país, la sexta negativa desde 2000, para asistir a una conferencia de derechos humanos en Irlanda organizada por Front Line Defenders (Front Line), concretamente la «Tercera Plataforma de Dublín para Defensores de Derechos Humanos».
Por aquel entonces todavía no había sido acusada de ningún delito por las autoridades israelíes.
Yarrar ha sufrido episodios de trombosis venosa profunda y su abogado ha denunciado que no dispone de un cuidado médico apropiado para su enfermedad en las prisiones israelíes.
Dado que en Cisjordania, donde se encontraba detenida en ese momento, no había equipamiento médico para realizar este diagnóstico, el Ministerio de Salud palestino le informó de que el sistema sanitario palestino cubriría los costes de su hospitalización en Amán, pero no en Israel.
Como diputada del Consejo Legislativo Palestino, la expatriación para pruebas médicas debería estar garantizada.
Ella rechazó la orden y declaró: «La ocupación es la que debe abandonar nuestra patria».
Ramala, según los Acuerdos de Oslo, se encuentra ubicada en la denominada Área A, bajo plena jurisdicción palestina.
Según un columnista del diario israelí Haaretz, fue su negativa a ser deportada la que ocasionó su arresto en abril de 2015.
No se le informó de ninguna causa para su arresto, aunque un comandante, un tal capitán Yihye, afirmó que ella había ignorado una orden anterior del ejército de abandonar su casa.
Fue interrogada durante cuatro horas y encarcelada en la prisión de HaSharon.
El diario israelí Haaretz condenó la detención sin pruebas de Yarrar y condenó el uso excesivo que Israel hace de este procedimiento.
El derecho humanitario internacional acepta la detención administrativa en casos excepcionales y sólo como último recurso, aunque diversas asociaciones en favor de los derechos humanos argumentan que Israel, que afirma que estas detenciones frustran posibles ataques, sobrepasa los límites con su uso abusivo de esta práctica.
Haaretz calificó el juicio de «una perversión kafkiana del derecho militar».
[3] Su hija Suha murió mientras Yarrar estaba en la cárcel, y no obtuvo permiso de las autoridades israelíes para acudir a su entierro.
[14] Fue enviada, bajo detención administrativa, a la prisión de Damon, cerca del Monte Carmelo.
[14] Según Gideon Levy, la celda estaba equipada únicamente con una cama de cemento con un colchón fino y un inodoro que no tiene cisterna.