[2]​ Cuatro años después de su condena, cuando finalmente quedó detenido, el obispado afirmó que iba a iniciarle un juicio canónico aunque nada de ello ha sucedido hasta el momento.

A los catorce años fue catequista y realizó trabajos sociales en villas miseria del Partido de Lanús.

José María Muñoz lo apodó “La Manga” por su afán de pedir dinero para sus obras.

[15]​[12]​[13]​ La fundación asistía a 6.400 niños en 21 localidades del país con comida, abrigo, educación, techo y formación espiritual en 52 obras.

Al frente de la institución estaba la hermana María Elena Ferracutti, aunque muchos se animan a decir que "ella sólo es una figura simbólica porque Grassi sigue manejando la Fundación".

La Fundación continuaba recibiendo grandes sumas de dinero a través de donaciones que se solicitan telefónicamente, pero los niños vivían en condiciones calamitosas, sin la higiene mínima, con frío, sin televisores, comiendo comida vencida.

En especial fue defendido por el conductor televisivo Raúl Portal que hizo campaña en su programa.

[14]​ Sus contactos con importantes empresarios le permitieron mantener un nivel de vida y costearse una defensa carísima.

Siempre aseguraba públicamente su inocencia, la falsedad de las denuncias y que no había pruebas en su contra.

“Gabriel”, que en el momento del abuso tenía 15 años, escapó de la Fundación esa misma noche, y no volvió nunca más.

Estos denunciantes también fueron injuriados y difamados por el padre Grassi y sus abogados en distintos programas de televisión a pesar de que la justicia les había prohibido expresamente hacer referencia a los mismos (por ser menores) fuera del tribunal durante el juicio.

El letrado quedó detenido porque ya tenía una condena en suspenso en la Capital Federal.

Luego se le aplicó un régimen de prisión preventiva "morigerada" por el que debía permanecer en su casa y podía concurrir a su trabajo.

[13]​[22]​ Los padres que firmaron para apoyarlo también realizaron denuncias penales por falsedad contra los periodistas de Telenoche Investiga y contra los empleados de la Fundación que testificaron contra el padre: María Laura Santillán, Juan Miceli, Antonio Delia, Irene Bais, la cocinera Amalia Castro y Daniel Olivera.

Se trataba del mismo menor al que aludían las denuncias de Calafate.

El muchacho refirió haber negado los abusos en 2003 ante la justicia de Santa Cruz por temor, ya que en ese entonces vivía en la fundación y por eso no se animaba.

Grassi contaba con los abogados mejor pagos del país, representando a los estudios más importantes.

[22]​[31]​[32]​ Durante años logró postergarlo muchas veces, pero en Santa Cruz el juzgado de Instrucción N.º 1, a cargo del juez Santiago Lozada, lo obligó a someterse al estudio para el expediente 37.306/2003 que instruía su juzgado.

[33]​[34]​ Dicha pericia psicológico-psiquiátrica fue practicada al acusado en Río Gallegos, fojas 553/567 del expediente de la causa n.º.

El peritaje fue realizado por la doctora Susana Mendoza y el licenciado Gastón Lucas Mendicoa del Cuerpo Médico Forense del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz.

[25]​ Por su parte, el doctor Sergio Bonotto, especialista en psiquiatría y psicología médica, declaró ante el tribunal que se habían podido determinar escalas altas de indicadores similares a los que poseen los delincuentes sexuales.

Durante el juicio oral, siguiendo los dichos del padre Mettone y la asistente social María Teresa Vilas la querella pretendió establecer que Grassi e Iván Guex también sostuvieron una relación inadecuada.

Se refirieron a los supuestos privilegios que recibían algunos niños cuya presencia algunas noches en la sala contigua al dormitorio de Grassi podrían resultar sospechosas.

[29]​ Según el tribunal, el hecho de haber sido Grassi la máxima autoridad en el ámbito donde se desarrollaron los hechos fue un requisito que se tuvo en cuenta para estimar la asimetría de poder que posibilitó al autor infundir intimidación en la víctima para doblegar su voluntad reacia a la consumación del ilícito.

Sin embargo Grassi insistió al mes siguiente otra vez con su pedido y un habeas corpus, el cual fue rechazado nuevamente.

[50]​[51]​ Cuando fue confirmada la condena, y Grassi fue llevado a prisión, el obispado afirmó que iba a iniciarle un juicio canónico, aunque hasta el momento nada de ello ha sucedido.

[11]​[54]​ Sin embargo, se informó que debido a la ley del 2x1, Grassi permanecería detenido menos tiempo porque el Tribunal Oral Criminal 1 de Morón le concedió el beneficio del "2x1", es decir, que cada año detenido vale el doble debido a los años que pasó en prisión preventiva.

El programa mostraba con cámaras ocultas como el cura vivía en la cárcel una situación privilegiada, con una cama especial y un baño privado, una oficina con una computadora, un televisor led con TV satelital, computadora con acceso a internet, tres celulares, un frigobar y un caloventor, todos elementos que ningún otro presidiario tiene permitido, mientras los niños en la Fundación Felices los Niños pasaban hambre, frío y todo tipo de necesidades viviendo en pésimas condiciones sanitarias.

El programa mostraba cómo se sustraía la comida de la Fundación y se la llevaba a la cárcel para que Grassi pudiera pagar prebendas a sus carceleros y compañeros presidiarios.

[59]​[60]​[7]​ Según la denuncia penal realizada por Juan Manuel Casolati, el director de hogares de la Fundación Felices los Niños, el padre Grassi vivía en esas condiciones porque presuntamente utilizaba las cuantiosas donaciones recibidas por la Fundación en beneficio propio.