[2]​ Según una tradición familiar, un pariente rico había dispuesto en su testamento un legado o manda para un hijo del matrimonio Castelli que quisiera ordenarse de sacerdote.

También compartió el colegio con Saturnino Rodríguez Peña y Antonio de Esquerrenea, que serán sus amigos toda la vida.

En febrero de este último año, el colegio Monserrat se trasladó al edificio donde funcionará hasta la actualidad.

Una vez completado este ciclo pasó al universitario cursando filosofía y teología durante tres años.

Los iluministas españoles, Benito Jerónimo Feijoo, Pedro Rodríguez de Campomanes o el napolitano Gaetano Filangieri eran consultados por alumnos y examinadores.

Esto generó otro reclamo de la corporación mercantil, donde sostenían que los cueros no podían ser considerados como frutos del país.

La disparidad de criterios y la lucha interna dentro del Consulado pretendió incumplir o modificar esta orden.

El consiliario Antonio García López propuso aceptar la disposición pero adujo que Castelli no debería recibir «premio ni extipendio alguno» por la tarea a desempeñar.

[16]​ En este contexto fue que el alcalde de primer voto, Antonio García López, propuso a Castelli como regidor tercero.

Mucho antes Castelli se había excusado de asumir dicho cargo, ya que las funciones del Consulado ocupaban todo su tiempo.

[23]​ Distintos autores aseguran que está confirmada la participación de Castelli como colaborador en El Telégrafo Mercantil.

Beresford actuó con prudencia ubicándose como gobernador por sobre todas las instituciones manteniendo su funcionamiento, siempre que juraran lealtad al rey Jorge III.

[29]​ Las doctrinas que sustentaban el regalismo europeo se basaron siempre en un principio indeclinable: un rey no podía renunciar a su reino.

Los juristas y políticos españoles tuvieron que recurrir a la figura del «rey cautivo» como la solución menos dañina para capear esta crisis.

La Memoria proponía nuevos vínculos reformistas entre Carlota y los súbditos americanos para eliminar la corrupción de los «mandones» que gobernaban con arbitrariedad, venalidad, malversación e impunidad.

No quedan claras las razones que tuvo Carlota para tomar esta medida: según el historiador José J. Biedma, Smith había recibido nuevas instrucciones de su gobierno y para no quedar al descubierto convenció a Carlota de que denunciara a sus cómplices.

A estas opciones Saturnino Rodríguez Peña las había calificado de «imposibles», «criminosas», «sanguinarias» y nada «durables».

Sin embargo, en su voto, reconoció la ya probable inexistencia de la Junta Central, por lo que propuso la continuidad del virrey «sin más novedad que la ser asociado [en sus funciones] […] con el señor regente y [el] señor oidor de la Real Audiencia don Manuel Velazco».

Dicha decisión se tomó en una resolución firmada por todos los integrantes de la Junta, excepto Manuel Alberti, que por ser sacerdote no podía dar conformidad a la pena capital.

En Salta, pese a ser bien aceptado, tuvo dificultades para obtener tropas, mulas, víveres, dinero o artillería.

La vanguardia volvió a Tupiza y para acercarse más al ejército que avanzaba desde el sur se desplazó hacia la aldea de Nazareno.

Como ayuda complementaria envió por separado baqueanos de la zona que por senderos desconocidos debían localizar a los fugitivos.

Ya en su histórica proclama del cabildo abierto, Castelli había definido a los grupos opresores "partidarios de sí mismos, pues no representan al rey cautivo ni al pueblo fuente de todo poder" y las medidas que fuera ejecutando en su misión eran consecuentes con aquellas palabras.

Al día siguiente comunicó a Buenos Aires la crítica situación política en la que se encontraba el Alto Perú.

Entre estos figuraban Lorenzo Córdoba y José Calvimonte, nombrados por el gobierno como oidores de la Audiencia un mes atrás.

Debía averiguar las razones por las cuales Rivero no había cumplido la orden de venir con sus tropas a Oruro.

[73]​ Castelli llegó a Oruro el 23 de junio y encontró una ciudad totalmente convulsionada por los excesos cometidos por las tropas en retirada.

Con este listado determinaron los posibles delitos, cuando en un juicio de residencia, lo habitual era que las acusaciones fueran presentadas por funcionarios y particulares.

Monteagudo lideraba además la Sociedad Patriótica, fundada a principios de 1812 que se oponía al gobierno por su política moderada.

A su muerte, en medio del juicio y mientras el gobierno le adeudaba gran parte de sus sueldos -los cuales serían saldados 13 años después-, distintos autores sostienen que la familia Castelli quedó en la indigencia y que la propia quinta familiar debió ser subastada.