Impuesto de los 10 centavos
La compañía solicitó la representación del gobierno de Chile y a pedido de este el gobierno boliviano suspendió el cobro del impuesto mientras ambos gobiernos buscaron, infructuosamente, una solución al problema.
El impuesto es considerado casi unánimemente como una flagrante violación al tratado de 1874.
[1][2][3][4] Si bien el impuesto desencadenó los acontecimientos que llevaron a la Guerra del Pacífico, no fue su causa principal ni menos única.
El gobierno boliviano tenía interés en desarrollar la región para no depender del puerto peruano de Arica en su comercio exterior, para obtener entradas a las arcas fiscales y también para asegurar la soberanía boliviana sobre esa región.
Con la explotación chilena del salitre comenzó a crecer el nuevo puerto de Antofagasta.
Sin embargo, algunos juristas argumentaron que todos los acuerdos conseguidos con la ley debían ser aprobados por la asamblea constituyente.
Esta transacción era, según la compañía, válida desde el momento en que se promulgó el decreto presidencial (27 de noviembre de 1873), y conforme a eso continuó su producción en Antofagasta.
[6]: 138–39 En 1878, la Junta Municipal de Antofagasta intentó nuevamente cobrar un impuesto, esta vez para el alumbrado público.
[notas 3] y si se suprimía la regalía de las importaciones libres significaba unos 25.000 a 30.000 bolivianos adicionales.
[9]: 116 Según John Hicks, gerente de la CSFA, se excluyó a las licencias salitreras que Perú había comprado en el Toco y que se ampliaría estas hasta Las Salinas, tras quitárselas a la CSFA.
Para Chile significó que podía orientar sus esfuerzos diplomáticos y militares a resolver los conflictos con Bolivia.
[notas 4] Sin embargo, las salitreras operadas por la CSFA en Bolivia impedían al Perú controlar el precio internacional del nitrato,[6]: 175 por lo cual el gobierno peruano trató de hacer valer su influencia sobre Bolivia para impedir esa competencia.
Bolivia no respondió a las peticiones chilenas sino hasta el 12 de febrero.
[6]: 168 El 7 de enero la fragata blindada chilena Blanco Encalada ancló frente a Antofagasta.
[6]: 166–167 Según ellos, se terminaba el pleito con Chile y cualquier queja de la compañía debía ser presentada a los tribunales comunes bolivianos.
En caso de que Chile pretendiese oponerse a la pérdida de sus derechos, Daza pensaba llamar al Casus foederis del tratado secreto que unía a Perú y Bolivia.
Una afirmación de notoria falsedad [que] no puede ser atribuida a la ignorancia consideran Matías Fontecilla Millán y Carlos Andrés Romero Aguilera en El libro azul: la demanda marítima boiviana.
Sin embargo Bolivia rechazaba ese principio en el caso del conflicto por Tarija con Argentina.
Más adelante, Basadre agrega que Daza buscaba "la "bolivarización" del litoral y no su peruanización.
