Otras ayudas sociales cubren a ciudadanos que viven fuera del circuito económico productivo y dependen directamente de las asignaciones sociales para sobrevivir, como la Asignación universal por hijo.
[3] Durante el siglo XX, varios economistas destacados, entre ellos los galardonados con el Premio Nobel de Economía, John Kenneth Galbraith, James Tobin y James Meade, suscribieron la idea de un ingreso mínimo para todos los ciudadanos.
En 1992, durante la presidencia del peronista Carlos Menem, se había elevado considerablemente el número de desocupados.
Existían el Programa solidario PROSOL y el Plan Social Trienal, que duraron poco.
El objetivo era garantizar a todos los niños la alimentación básica y asegurarles el mantenimiento en el sistema educativo.
[12] El llamado Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI) fue un proyecto de ley argentino relacionado con la renta básica universal, que proponía una asignación monetaria mensual para todos los menores de 18 años que tuvieran nacionalidad argentina.
El objetivo era garantizar a todos los niños la alimentación básica y asegurarles el mantenimiento en el sistema educativo.
Fue postulado por en 1997 por las entonces legisladoras de la Unión Cívica Radical, Elisa Carrió y Elisa Carca, y retomado luego por el partido posterior de Carrió, la Coalición Cívica ARI.
En la década del 1990 se presentaron diversos proyectos para extender las asignaciones familiares vigentes en el sistema de seguridad social, en ese momento solo para asalariados formales, entre ellas la propuesta de un Ingreso Ciudadano para la Niñez, en la cual se le asignaría una prestación económica al adulto para lograr llegar al verdadero beneficiario que sería el niño o niña.
[20] La propuesta del proyecto era que «en lugar de continuar profundizando programas discrecionales que buscan focalizar la asistencia en aquellas personas y/o grupos familiares con determinadas privaciones, debería tenderse a desarrollar intervenciones de carácter universal y preventivo».
[9] Se lo consideraba un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, una política de carácter universal para favorecer la integración y disminuir la pobreza, y no como una dádiva estatal.
Esto último introducía la novedad y también la polémica: no iba dirigido sólo a los niños pobres.
[27] La Red Argentina de Ingreso Ciudadano lo impulsaba a partir del Frente Nacional contra la Pobreza.
[30] Según los académicos Arriaga y Miranda, está comprobado, que medidas como el Ingreso Ciudadano para la Niñez, «tienen consecuencias muy positivas porque mejoran la integración social y la permanencia de los niños dentro del sistema educativo».
[13] En 2001, Elisa Carrió, que ya había creado el ARI, decidió presentar nuevamente el proyecto de ley de Ingreso Ciudadano para la Niñez, pero éste ni siquiera llegó a tratarse en el Congreso.
Incluso los políticos del ARI llevaron el proyecto a varios obispados buscando el apoyo necesario para promoverlo, sin éxito.
[34] El Plan Jefes y Jefas recibió muchas denuncias por su manejo discrecional debido al uso de mecanismos clientelares: en muchos casos, los «beneficiarios» debían dejar el 20% al puntero políticos que se los otorgaba.
Además afectaba los principios de universalidad e igualdad porque discriminaba personas que estaban en la misma situación que los beneficiarios pero no recibían el plan, por ejemplo, los jóvenes desocupados, los jefes y jefas de hogar desocupados sin hijos o con hijos mayores, y las personas mayores sin cobertura previsional no podían acceder al «beneficio».
[22] Además, no se lograba monitorear el cumplimiento de las contraprestaciones ni había sanciones para las irregularidades detectadas.
El objetivo de las políticas asistenciales es asistir a desocupados a cambio del desempeño de un empleo, o bien asistir «directamente a las familias y a las personas, reclamando como contraprestación el cumplimiento de ciertas características personales.»[32] Este tipo de planes sociales fueron muy criticados desde la oposición porque éste afirmaba que solían ser utilizados con fines políticos y que favorecían el clientelismo político y la corrupción.
[40] Tanto la UCR, como el ARI, como Recrear, apoyaban la idea de imponer un sistema de ingreso universal concebido como un derecho, no como una dádiva pero las diferencias aparecían cuando se discutía si el beneficio debía alcanzar a todos, sin importar su condición económica, o sólo a los sectores más empobrecidos.
[42] Pero la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, se opuso, porque no quería que se desmantelaran los planes asistenciales Jefes y Jefas de Hogar, cuestionados por el manejo discrecional, cuyos fondos manejaba el Ministerio a su cargo.
Según Mora Straschnoy, la decisión de promulgar esta norma por decreto se debió a que su gobierno se encontraba presionado por la crisis internacional y argentina, por el límite del modelo económico de su gobierno.
[27] En 2015, unos 3,5 millones de niños y adolescentes se encontraban cubiertos por esta asignación.
A diferencia de la Asignación Universal por Hijo, se sostenía que debían cobrar la totalidad de los niños y niñas argentinos hasta los 18 años, fueran ricos o pobres.
[55] En 2016 el Presidente de la Nación Mauricio Macri incorporó, con el decreto 593/16, a los trabajadores que pagaban monotributo al régimen de Asignaciones Familiares, con lo cual tendrían derecho a percibir la AUH con Discapacidad, Prenatal y Ayuda Escolar.