Grupo de Tareas 3.3

[1]​ La Armada Argentina tiene una estructura administrativa que subordina a sus unidades según la organización vigente.A partir de ese momento, la Escuela continuaría con la formación del personal mientras que iniciaba su participación en la autodenominada «lucha contra la subversión».[18]​[19]​ Este grupo de tareas estaba integrado originariamente por una docena de oficiales pero, como sus responsabilidades crecieron y sus actividades fueron aumentando, luego se incorporó más personal con lo cual llegó a tener autonomía operativa y pasó a depender en forma directa del Comandante en Jefe del Arma, el entonces capitán de navío y más tarde contraalmirante, Rubén Jacinto Chamorro cuyos nombres de guerra eran «Delfín» y «Máximo».El comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Massera, participó personalmente en los primeros operativos clandestinos del GT 3.3 con el nombre de guerra «Negro» o «Cero» para demostrar su compromiso con la tarea asignada a sus oficiales.Cuando se reunían datos suficientes como para realizar un secuestro, éstos eran comunicados al jefe de Operaciones quien convocaba a los miembros del grupo de tareas designado para operar, la llamada «patota».[26]​ Los agentes del grupo se desplazaban en automóviles no identificados como el famoso Falcon verde sin chapa cuya sola presencia aterrorizaba a los transeúntes.[27]​ Esto respondía a un proyecto político personal político y personal de Massera que pretendía tratar de contrarrestar la imagen negativa del país en Europa.Los hombres y mujeres no eran seleccionados para este proyecto por haberse quebrado o haber colaborado con los torturadores como alguno sostienen, sino por sus estudios, capacidades personales o nivel intelectual.[28]​[27]​[29]​[30]​ Según Raúl Scheller, alias el «Pinguino», Jorge Acosta había dado la orden expresa de violar a todas las mujeres.La captura y asesinato del embajador en Venezuela, Héctor Hidalgo Solá, fue la primera de las operaciones del grupo de tareas 3.3.2 contra diplomáticos argentinos que no tenían ninguna relación con la guerrilla o lo que los militares llamaban la «subversión».La segunda operación fue el secuestro y asesinato de la diplomática Helena Holmberg.La desaparición de Dagmar Hagelin y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon tuvieron un gran impacto en la opinión pública mundial y se constituyeron como casos testigo para el conocimiento en el exterior del estado de violación masiva de derechos humanos que se estaba produciendo en la Argentina durante la dictadura.[22]​[32]​ En 2005 se anularon las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, hecho que permitió la reanudación de los procesos contra los militares acusados durante el juicio a las juntas.[33]​[34]​ Alfredo Astiz, Jorge Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Jorge Rádice, Juan Antonio Azic, Raúl Scheller, Alberto González (represor), Néstor Savio, Julio César Coronel, Ernesto Weber, Oscar Antonio Montes, Manuel García Tallada, Juan Carlos Fotea, Carlos Capdevilla, Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco volvieron al banquillo de los acusados.[37]​[38]​ Este juicio fue considerado de alto valor simbólico porque muchos de los hechos ya se conocían y habían sido denunciados y analizados durante el Juicio a las Juntas pero hubo que esperar 20 años para poder juzgarlos.En el mismo se presentaron 160 testigos, entre ellos 79 ex detenidos desaparecidos de la ESMA.[40]​[41]​ Juan Carlos Rolón y Pablo García Velazco fueron absueltos pero no recuperaron la libertad por estar imputados en otras causas por delitos de lesa humanidad.[42]​[43]​ En el proceso oral se debatieron dos posiciones doctrinales: la representada por todas las acusaciones populares y particulares incluidas las representadas por los letrados Carmen Lamarca Pérez, Manuel Ollé Sese, Jaime Sanz de Bremond y Mayans, José Luis Galán Martín, Juan Puig de la Bellacasa y Carlos Slepoy Prada que defendió el tipo penal de "genocidio y terrorismo" y la no aplicación del derecho internacional recurriendo, incluso, ante la Sala Penal del Tribunal Supremo la sentencia de la Audiencia Nacional.