Fraude de funcionario público

[1]​[2]​[3]​ También se incluye en este tipo de fraude el abuso de un cargo público para estafar a particulares, tipificándose como funcionarial pese a que quien es estafado no es la administración pública sino un particular, por su carácter instrumental al servicio del correcto funcionamiento de la administración pública.En cuanto a los tipos contractuales potencialmente más propensos a la corrupción se encuentran los contratos de obras y aquellos relacionados con las telecomunicaciones, el sector energético y de la defensa.[1]​ El tipo de fraude más habitual puede variar mucho dependiendo del país o región socioeconómica, pero en general los niveles subnacionales como los locales y regionales son especialmente vulnerables a la corrupción.Especialmente en las colaboraciones publicoprivadas, el planeamiento urbanístico, las autorizaciones, los servicios sociales o las contrataciones públicas.En otros casos los actos de corrupción que afectan a los intereses públicos ni siquiera están reconocidos por el ordenamiento jurídico.En este caso el delito de fraude funcionarial sería más específico.[19]​ La Ley reguladora de las colonias romanas, Lex Ursonensis (siglo I a. C.), se refiere a las contratas entre la administración y los particulares distinguiendo entre los concursos públicos y otrro tipo de negocios.[19]​ En Guatemala el delito de fraude del funcionario público está regulado en el decreto número 31-2012 Ley contra la corrupción, específicamente mediante el artículo 450.El funcionario que cometa este tipo de fraude puede ser condenado a prisión entre cinco y diez años, así como a ser inhabilitado de su cargo.