Expropiación del petróleo en México

En 1896 el Grupo Sinclair construyó una refinería entre la desembocadura del río Pánuco y la ciudad de Tampico.

[3]​ En 1901 , el británico sir Weetman Dickinson Pearson comenzó a invertir en el negocio petrolero mexicano con su compañía Pearson & Son, en 1906 organizó a la Compañía de Petróleo el Águila y construyó la primera refinería de Minatitlán, Veracruz, gracias a su amistad con políticos mexicanos consiguió permisos para explorar nuevos yacimientos en los estados de Campeche, Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz.

Durante 35 años, la Huasteca y El Águila con sus filiales, fueron las compañías petroleras más grandes de México.

La presión llegó hasta el punto en que el senador Albert B. Fall presentó un estudio en el Congreso de los Estados Unidos recomendado no reconocer al Gobierno Mexicano en tanto no fuesen derogados los artículos 3, 27, 33 y 130 de la Constitución Mexicana, así como realizar una ocupación militar.

Luego ante la actitud indiferente del gobierno estadounidense al reconocimiento político exigido, Obregón aumentó los impuestos de exportación al petróleo y sus derivados, esta medida tenía también como objetivo el poder reunir recursos financieros para los planes de su administración y comenzar a pagar la deuda externa del Gobierno Mexicano.

Con este acuerdo bilateral —que no fue aprobado ni por el Congreso de Estados Unidos ni por el de México— se garantizaron las viejas concesiones petroleras y mineras dejando sin efecto al artículo 27 constitucional, a cambio, el presidente Warren G. Harding concedió el anhelado reconocimiento diplomático al gobierno de Obregón y se comprometió a no apoyar a sus detractores.

En noviembre de 1927, por sugerencia presidencial,[25]​ el Poder Judicial declaró anticonstitucional la nueva ley reglamentaria por su carácter retroactivo y confiscatorio.

Por primera vez, el gobierno intervino para convencer a ambas partes que continuaran con sus negociaciones.

El presidente le contestó que no era su intención expropiar sobre esta base ninguna rama industrial controlada por capital extranjero.

[36]​ No pudo concretarse ningún acuerdo, Cárdenas informó al embajador estadounidense que en el futuro el gobierno mexicano tendría que establecer un control sobre las actividades petroleras, los salarios e impuestos serían fijados de acuerdo a un criterio oficial.

[40]​ Terminado el plazo legal establecido por la Suprema Corte de Justicia, las compañías petroleras se encontraban en abierta rebeldía por no acatar sentencia.

El embajador de México en Estados Unidos, Francisco Castillo Nájera, llegó a pensar en una respuesta militar.

Expuso las repercusiones y afectaciones que tendría el país si la producción del combustible fuera nula o insuficiente.

Explicó que estas habían gozado durante muchos años de beneficios fiscales, franquicias aduanales e innumerables prerrogativas, a veces, en contra del derecho público.

Pidió a la nación el respaldo moral y material para poder llevar a cabo el acto de expropiación que podría representar un sacrifico económico para poder saldar el compromisos de indemnización y un eventual reajuste cambiario.

La Secretaría de Hacienda debería pagar la indemnización correspondiente en un plazo no mayor a 10 años.

Sectores como la Iglesia católica y algunos empresarios conservadores, que normalmente eran de opinión contraria a las decisiones del gobierno, en esta ocasión respaldaron al presidente.

Para muchos, la expropiación significaba un sacudimiento final del imperialismo que por tanto tiempo había sangrado a México, impidiéndole confiar en su propia fuerza y capacidad.

La Administración General del Petróleo Nacional (AGPN) fue el organismo que provisionalmente se hizo cargo de los bienes expropiados a las compañías petroleras.

Sin embargo, la empresa se había constituido como una compañía mexicana bajo leyes mexicanas y sus accionistas, si bien eran extranjeros, habían renunciado a su nacionalidad para este fin, por consiguiente, el gobierno británico no podía intervenir directamente en su favor.

Después de ese último memorándum pasó mucho tiempo sin que el gobierno neerlandés volviese a comunicarse para tratar el tema del petróleo, en parte porque la compañía anglo-neerlandesa Royal Dutch Shell decidió ejercer presión sin la ayuda de su gobierno y en parte porque Methöfer comprendió que el gobierno cardenista no estaba dispuesto a dar marcha atrás al decreto expropiatorio.

El embajador Joseph Dainels tomó una postura conciliatoria, recomendó no interponer los intereses particulares de los empresarios a la política de buena vecindad para evitar que un distanciamiento diplomático permitiera que influencias italianas o alemanas se infiltraran en el sistema interamericano.

[50]​ Las compañías Standard Oil de Nueva Jersey y la Royal Dutch Shell iniciaron un boicot contra México.

William Rhodes Davis fue aún más lejos, logró contratos para vender el petróleo mexicano a Alemania, país del que se obtuvieron artículos manufacturados para estructuras de puentes, productos de industria pesada y, desde luego, dólares.

En contraparte, el gobierno mexicano expresó sus condiciones, las compañías petroleras deberían reconocer al Estado mexicano como el único y exclusivo propietario del petróleo; tanto la explotación como la distribución en el mercado nacional sería tarea exclusiva del gobierno mexicano; una vez cubierta la demanda interior, el excedente sería puesto a disposición de las compañías petroleras como pago por concepto de la indemnización.

El gobierno estadounidense requería cooperación para vigilar sus fronteras y costas, pistas de aterrizaje para que sus aviones pudiesen hacer escala en México en sus vuelos hacia Panamá y asegurar el suministros de varias materias primas, entre ellas, el petróleo.

El 9 de diciembre se creó la Región Militar del Pacífico con sede en Ensenada, Baja California.

Más tarde se formó el Escuadrón 201, el cual apoyó las acciones militares en Filipinas y Formosa.

En 1966, por primera vez en su historia, Pemex dejó de exportar petróleo, en 1971 fue necesario importar crudo, en un volumen equivalente al 15% del consumo nacional, así como otros productos petrolíferos.

[93]​ En 1986, por el incremento de volumen en la producción mundial, el precio del petróleo se desplomó hasta los 16.50 dólares por barril.