Estatus político de Puerto Rico
En 1950, el Congreso promulgó una ley (Ley Pública 81-600), que autoriza a Puerto Rico a celebrar una convención constitucional y para el 1952, los residentes de Puerto Rico ratificaron una Constitución que establecía una forma republicana de gobierno para su territorio.
[1][2] Desde la promulgación de la actual Constitución del Estado Libre Asociado en 1952, se produjeron intentos locales para cambiar el estatus político de la isla, lo que se tradujo en tres referéndums efectuados en 1967, 1993 y 1998.
Por otra parte, Puerto Rico no está representado en el Colegio Electoral, y por lo tanto los ciudadanos residentes en Puerto Rico no son elegibles para votar en las elecciones presidenciales cada cuatro años.
Ocasionalmente, el Congreso ha dejado manifiesta su autoridad última mediante la promulgación de legislación que es pertinente a asuntos locales.
Bajo los mismos, la Constitución sólo se aplica plenamente en los territorios incorporados, tales como Alaska y Hawái, mientras que sólo se aplica parcialmente en los nuevos territorios no incorporados de Puerto Rico, Guam y las Filipinas.
Los seis casos fueron los siguientes:[11] Otras autoridades, como José Trías Monge, afirma que la lista también incluye otros dos casos: La Suprema Corte de Justicia produjo después de estas fechas otras decisiones.
Desde la legislación de 1950 y 1952, sólo dos decisiones judiciales han sostenido que una ley federal particular, que específicamente no excluye o trata a Puerto Rico de forma distinta, es inaplicable a Puerto Rico.
Ramos al efecto argumenta: "Este poder, sin embargo, no es absoluto, ya que está restringido por algunos derechos fundamentales entonces indefinidos que posee toda persona sometida a la autoridad del gobierno de los Estados Unidos".
En este memorando se dirige a todas las dependencias federales, organismos y funcionarios para tratar a Puerto Rico administrativamente como si fuese un estado, en la medida ya que de no hacerlo se interrumpirían los programas federales o de las operaciones.
Desde 1917, a las personas nacidas en Puerto Rico se les ha otorgado la ciudadanía de los Estados Unidos.
Los puertorriqueños “fueron colectivamente instituidos en ciudadanos estadounidenses” en 1917 como resultado de la Ley Jones-Shafroth.
En 2009, Puerto Rico pagó unos US$3,742 mil millones al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
Los proveedores de Medicare son rembolsados en un nivel inferior al 100 % por servicios prestados a los beneficiarios en Puerto Rico, a pesar de que los beneficiarios han pagado en su totalidad al sistema.
[18] El principal tema político actualmente en Puerto Rico es la relación del territorio con los Estados Unidos.
El Partido Popular Democrático (PPD) tiene como objetivo mantener o mejorar la situación actual para convertirse en un territorio más soberano de los Estados Unidos, el Partido Nuevo Progresista (PNP) tiene por objeto incorporar plenamente a Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos y el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) busca la independencia nacional.
Cuando se les cuestionó a los votantes residentes en Puerto Rico, mediante plebiscitos no vinculantes, sobre elegir entre la independencia, la estadidad o la continuación de la situación actual con el aumento de competencias, según lo propuesto por el Partido Popular Democrático, los puertorriqueños han votado para seguir siendo un Estado Libre Asociado.
En el 2017 se consulta de nuevo pero esta vez: Estadidad, Independencia/Libre Asociación (ya que ambas son modalidades de independencias) y Estatus Territorial Actual (Estado Libre Asociado), la cual también trajo controversia con el PPD que no estaba de acuerdo con el nombre y el PIP por incluir el ELA por tanto ambos boicotearon la consulta y la participación fue muy baja (23.23 %).
La papeleta con más de una (1) opción marcada en esta sección no será contabilizada.
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El Estado Libre Asociado Soberano se basaría en una asociación política libre y voluntaria, cuyos términos específicos se acordarían entre Estados Unidos y Puerto Rico como naciones soberanas.
Al llegar las elecciones del 2016, el Partido Nuevo Progresista gana las elecciones y programa un nuevo referendo ahora solo incluyendo las opciones de Estadidad o Independencia/Libre Asociación y sometieron esto al DOJ pero negaron soltar los fondos federales ya que no incluía el estatus actual territorial (El presidente del momento era Donald J. Trump).
La Administración Rosselló Nevares modificaron la papeleta para incluir el actual estatus pero el PIP se opuso y decidió boicotear.
El PPD no le gustó la definición del Estado Libre Asociado (estatus actual) y también boicoteó.
Esto convocó a que la Gobernadora Wanda Vázquez enviara una carta solicitando al Presidente Trump y al DOJ aprobar los fondos para la consulta pero Trump rechazó la propuesta y dijo en su cuentas públicas incluyendo la respuesta del DOJ que Puerto Rico no ha rechazado su estatus actual (lo cual no es así ya que el Pueblo Puertorriqueño sí lo hizo en el 2012).
El ex-representante Luis Vega Ramos presentó un pleito ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico para declarar la consulta inconstitucional pero el tribunal falló en contra el ex-representante y dijo que la Consulta es constitucional ya que es para un fin público.
Los puertorriqueños se han expresado claramente: la mayoría no desea la continuación del estatus actual, y ha elegido con la reciente elección: la estadidad.
El estado de Texas, en aquel momento (1836-1845) república independiente, tardó nueve años en conseguir la admisión.
Sus habitantes ansiosamente desean ser admitidos como el estado de Washington D. C., con el cual ganarían representación en el Congreso y completo autogobierno.
Todo cambio al estatus debe ser aprobado por el Congreso de los Estados Unidos.
El comité planea investigar estas disparidades y presentar recomendaciones para poner fin a las inequidades y violaciones de los derechos civiles derivadas del estatus territorial de Puerto Rico.
