Aunque lo que causó mayor controversia fue el hecho que se usaran los servicios de seguridad del Estado para hacer una prueba a una persona empleada por fuera de estos.
También se conoció que días antes de la publicación de Semana, Benedetti había solicitado a Meza que viajara a Venezuela para reunirse con él, llevándola en un vuelo privado.
Dávila fue encontrado muerto dos días después, el 9 de junio, bajo cincunstancias extrañas.
[7][16] La prueba era voluntaria y no tenía ningún valor probatorio en procesos legales, aunque Meza posteriormente dijo que fue presionada a firmar el documento de autorización de la prueba y que se «sintió secuestrada» durante su duración.
La Dijín, para hacer esto, habría falsificado un informe de policía judicial, el cual habría hecho pasar las niñeras por miembros del Clan del Golfo, bajo los alias de La cocinera para Meza, y La madrina para Fabiola.
[20] Caracol Radio reportó que un analista judicial dijo que un fiscal luego habría recibido autorización para permitir las interceptaciones el 26 de enero de ese año, empezando la interceptación a ambos teléfonos el 30 del mismo mes, mismo día en que la prueba de polígrafo habría sido realizada.
[22] Tras conocer la denuncia por el uso del polígrafo, previo al lanzamiento al público de la investigación del caso por la Fiscalía, el gobierno nacional se pronunció con respecto a la misma, asegurando que se siguieron todos los procedimientos fijados por la ley, incluyendo la presentación de una denuncia contra Meza por Sarabia el día anterior al uso del polígrafo, y negando que se hubiese presentado algún abuso de poder.
[24][25] La senadora Clara López se vio involucrada en una polémica tras un pronunciamiento sobre el escándalo, donde, tratando de mostrar por qué creía que el caso estaba exagerado, se refirió a Meza como una «sirvienta».
[30] María Fernanda Cabal, senadora del mismo partido, hizo declaraciones similares, adicionalmente vinculando el escándalo con una controversia durante las elecciones presidenciales de 2022, en la que dos personas asociadas al Pacto Histórico (la coalición de Petro) visitaron la cárcel La Picota.
[32] Distintas figuras políticas de más de 20 países, tales como Rafael Correa, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Ada Colau, José Luis Rodríguez Zapatero o el expresidente colombiano Ernesto Samper, firmaron una carta en la que, si bien no se mencionó directamente el caso, se aseguró que «se está usando el poder de las agencias regulatorias y judiciales del país para detener las reformas [del gobierno Petro], intimidar a sus seguidores y difamarlo a nivel internacional», también mencionando al Fiscal General Francisco Barbosa, diciendo que él, junto a la Procuradora Margarita Cabello Blanco «están activamente a miembros del Pacto Histórico con investigaciones que podrían resultar en suspensión o despedida».