Una vez promulgado, el Congreso tiene las atribuciones para analizarlo y determinar si continúa vigente o no.[1] Como su nombre lo indica, los DNU sólo deben dictarse en situaciones excepcionales, cuando sea imposible seguir los trámites para sancionar leyes mediante el Congreso.Además, no pueden dictarse decretos que legislen sobre materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.Esta comisión tiene que elevar un dictamen y enviarlo a cada Cámara legislativa para su tratamiento, también en no más de 10 días.[1][2] Cada cámara del Congreso deberá emitir una resolución expresando su apoyo o rechazo al DNU.Si ambas cámaras rechazan el decreto, éste pierde validez de forma permanente,[2] sin embargo en la práctica, esto nunca había ocurrido en la historia hasta 2024.[3] Todas las normas legislativas sancionadas por las dictaduras militares que sufrió el país desde 1930 (incluidas las de 1943, 1946, 1955, 1962), provenían exclusivamente del Poder Ejecutivo y eran conocidas como decretos leyes.Además, perdían validez al terminar el gobierno de facto, aunque podían ser ratificados por el Congreso.[6] Su emisión fue convalidada por la Corte Suprema de Justicia quien le reconoció la facultad al Poder Ejecutivo para establecer las circunstancias urgentes que justificaran su emisión, pero también limitó el poder presidencial exigiendo la remisión de los DNU al Congreso para habilitar su control parlamentario.Por otro lado, la imposibilidad de vetar la resolución legislativa sobre el decreto fortalece la posición del Congreso frente a presidentes minoritarios.Esto significa que los presidentes que ejercieron en ese lapso (Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner) podían dictar decretos de necesidad y urgencia libremente, sin control legislativo.Durante los gobiernos de Juan Perón por decreto se nacionalizaron la Unión Telefónica y los Ferrocarriles.Arturo Frondizi decretó el estado de sitio, creó empresas estatales para la explotación del carbón y la energía eléctrica, se ordenó la intervención federal sin autorización del congreso e implementó el Plan CONINTES que restringió los derechos individuales de los ciudadanos.[16] Los decretos de excepción dictados hasta 2006 no tuvieron control parlamentario, aunque sí los sancionados desde aquel año.Esta omisión permite dilatar discrecionalmente la decisión mientras el DNU produce sus efectos, los que pueden mantenerse, incluso, luego de producido el rechazo pues, si bien éste equivale a la derogación, el artículo 24 establece que no pueden ser afectados los derechos adquiridos durante la vigencia del DNU.
El Congreso puede evaluar cualquier decreto de necesidad y urgencia y dictaminar si continúa en vigencia o no.
