Los 118 delegados españoles aprobaron por unanimidad la siguiente resolución: En el transcurso del congreso, el dirigente socialista Rodolfo Llopis le pidió al monárquico Joaquín Satrústegui que transmitiera al Conde de Barcelona el siguiente mensaje: «El PSOE tiene un compromiso con la República que mantendrá hasta el final.
Para hacer frente a esta presión, el presidente del Consejo Privado del Conde de Barcelona, José María Pemán, acompañado por el secretario Valdecasas, fueron a visitarle mientras navegaba en su velero, y redactaron la siguiente nota: Este texto supuso la liquidación en Estoril de José María Gil-Robles, único miembro del consejo privado presente en Múnich, que había servido con fidelidad a la monarquía durante los años más difíciles de la posguerra.
La reacción del Régimen contra los participantes en la reunión en Múnich causó fuertes críticas en el extranjero, sobre todo en la Comunidad Económica Europea a la que España había solicitado la asociación pocos meses antes, solicitud que quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a partir del «contubernio».
A Gabriel Arias-Salgado le sustituyó Manuel Fraga que, cuatro años después, con su Ley de Prensa, abriría la crítica al régimen y una cierta liberalización.
En 1963 el régimen creó el Tribunal de Orden Público para juzgar los delitos políticos, detuvo a mineros en Asturias durante las huelgas y ejecutó al militante comunista Julián Grimau.