Aunque con la Constitución española de 1876 se recortan algunos derechos, en el ámbito formal no hay ninguna restricción sobre las libertades de información e imprenta.
Esta ley establecía la obligación de obtener una licencia del Ministerio de Gobernación previo informe favorable del jefe político provincial para publicar un nuevo periódico.
Como consecuencia, se multiplican las cabeceras y el periodismo español se situó en una fase industrial que posibilitó el paso de la prensa política o de partido a la prensa «independiente».
Una vez fallecido el dictador Francisco Franco, la ley de 1966 continuó vigente y aplicable en su integridad, lo cual generó no pocos conflictos para los diversos rotativos que pretendían recoger la nueva información generada por la mayor presencia pública de fuerzas políticas, al estar sometidos aún a una legislación autoritaria.
El desarrollo de un nuevo Estatuto del Periodista Profesional en España que defina la figura del/de la profesional del periodismo abandonando la mera regulación al acceso aprobada por el Decreto 744/1967 conforme lo previsto por la Ley de Prensa de 1966, comenzó en 1994 y aún continúa debatiéndose.