Dicha solución pasaba por coordinar desde la Dirección del Tesoro la defensa fiscal, mediante el expediente de reuniones periódicas.
[2] Su regulación jurídica, establecida mediante tal decreto ley, era muy similar a la actual y desde ya contaba con un presidente que debía nombrarse entre uno de los siete abogados consejeros, un secretario abogado, abogados procuradores fiscales en cada ciudad asiento de Corte de Apelaciones, abogados auxiliares y diverso personal subalterno.
El primer presidente de este nuevo periodo fue Aurelio Valenzuela Carvallo.
[2] Además, asiste al jefe superior del servicio, en la "dirección superior" de la defensa de todos los asuntos judiciales, encomendados por la ley orgánica del Consejo.
[2] Está integrado por doce abogados consejeros designados por el presidente de la República, que son inamovibles en sus cargos hasta cumplir los 75 años de edad, y solo pueden ser removido de sus cargos con acuerdo del Senado.