El Caso falsos exonerados o también conocido como Caso exonerados es un proceso judicial y escándalo político chileno iniciado en 2008, cuando salió a la luz pública una denuncia de que diputados y senadores del Congreso Nacional, en su mayoría pertenecientes a la coalición oficialista de ese entonces, la Concertación de Partidos por la Democracia, además de otros políticos del Partido Comunista de Chile (PCCh),[1] habían entregado certificaciones irregulares y fraudulentas a personas que alegaban haber sido perseguidos políticamente bajo la dictadura militar dirigida por Augusto Pinochet, entre los años 1973 y 1990, con el objeto de obtener compensaciones económicas y beneficios estatales de acuerdo a las leyes de reparación creadas a partir del periodo conocido como transición a la democracia.
[2] El término «exonerado» se comenzó a usar bajo la dictadura militar para designar a personas que habían sido despedidas como funcionarias por razones ideológicas, especialmente a militantes y colaboradores del comunismo y socialismo en el país, como una manera de justificar el cese inmediato de sus funciones, además del no pago de indemnizaciones u otras medidas de compensación económica establecidas por las leyes para el término de una relación laboral.
[8] En abril de 2020 los diputados de Renovación Nacional (RN) Leonidas Romero y Camila Flores, entregaron una carta pública al presidente Sebastián Piñera solicitándole la suspensión inmediata del pago de pensiones y otros beneficios estatales a quienes hayan sido declarados como falsos exonerados.
[9] Siguiendo la línea judicial, en junio de 2013, los diputados Karla Rubilar, Cristián Letelier, José Antonio Kast y Pedro Browne, le solicitaron personalmente en una reunión al Fiscal Nacional del Ministerio Público, Sabas Chahuán, la designación de un fiscal dedicado exclusivamente a esta causa.
No obstante, Chahuán descartó la idea y les propuso reforzar el equipo investigativo de la Unidad de Anticorrupción, liderado por la fiscal Ximena Chong.