Argentina, 1985
Está protagonizada por Ricardo Darín, Peter Lanzani, Alejandra Flechner y Norman Briski.
Doce días después el Congreso aprobó por unanimidad una ley desconociendo la legalidad de una norma de facto dictada por la última Junta Militar amnistiando a quienes habían cometido delitos en su transcurso.
Intervino entonces la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces León Arslanian, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Torlasco, Andrés D'Alessio, Guillermo Ledesma y Jorge Valerga Aráoz, designados el año anterior por el presidente Alfonsín con acuerdo del Senado.
El fiscal de Cámara era Julio César Strassera y su adjunto era Luis Gabriel Moreno Ocampo, designados el año anterior por el presidente Alfonsín.
[10] La película está inspirada en la historia real del fiscal Julio Strassera y su adjunto, Luis Moreno Ocampo.
La decisión judicial es enviar la causa al fiscal Strassera, concediéndole escasos cuatro meses para preparar la acusación y presentar el caso en juicio.
Ante la negativa general del cuerpo de funcionarios judiciales para asistir a los fiscales (por miedo o simpatías con los militares), Strassera y Moreno Ocampo deciden reunir a un equipo legal de jóvenes estudiantes para realizar la investigación y presentar la acusación en el juicio, que finalmente se realizó en 1985.
Finalmente una distribuidora local, Digicine, se sumó a la tarea de estrenar la cinta en los restantes cines que no tuviesen inconvenientes, con lo cual tuvo con un estreno limitado, a diferencia de la que ofrecía la productora estadounidense.
El consenso crítico del sitio dice: «Se hace justicia en Argentina, 1985, un drama judicial cruzado que arroja luz sobre tiempos históricamente sombríos con una ligereza refrescante».
[31] El abogado Juan Manuel Soria Acuña publicó una nota crítica en el sitio El cohete a la luna, cuestionando la «canonización civil» de Strassera que hace la película, revelando que el fiscal mantuvo un comportamiento profesional cuestionable y «acomodaticio con el poder de turno», legitimando a la dictadura, al sostener que era inadmisible impugnar la legalidad del Estatuto para el Proceso de Reorganización Nacional «pues ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional” y rechazar gran cantidad de habeas corpus que le fueron presentados reclamando la libertad de personas detenidas desaparecidas.
