[5] En febrero del año siguiente notificó a las partes la apertura de juicio oral.
Además, y dado que un año antes se habían producido los atentados en el metro de Londres, unido a que se esperaba la visita del Papa a la ciudad para finales de esa semana, se pensó también en un posible atentado terrorista, aunque desde el primer momento el Gobierno Valenciano descartó tal posibilidad.
La investigación, basada en los datos del teloc, registrador o la comúnmente llamada caja negra del tren, indicó que la unidad aumentó rápidamente la velocidad hasta los 81 km por hora un minuto antes de entrar en una curva en la que el máximo permitido es de 40 km/h (actualmente 45km/h).
El coche circuló volcado hacia su izquierda y apoyado en una pared del túnel durante unos metros.
[2] Empleados del metro ya habían pedido antes del accidente que se implantase ese sistema de seguridad, en concreto desde el 1998, sin éxito, a pesar de que desde FGV se había sopesado la posibilidad.
[8] Las 43 víctimas mortales viajaban en el primer tren, la UTA 3736, además de los 47 viajeros heridos.
Según testigos, las ventanas del vehículo cedieron permitiendo que los pasajeros salieran despedidos y, puesto que el vehículo se arrastró contra el muro lateral del túnel y sobre la vía, este aplastó a muchas de las víctimas.
[8] La segunda unidad, UTA 3714, no volcó, solo llegó a descarrilar, por lo que en este no hubo víctimas mortales y este tren regresó a dar servicio de nuevo 5 días después al repararle lo que necesitaba.
[9] No todas las víctimas murieron en el acto, sino que dos personas fallecieron en los hospitales varios días después del accidente a causa de su grave estado y pese a la asistencia médica.
Canal Nou, la cadena pública de la Generalidad Valenciana, no cambió la programación el día del accidente.
[14] Los sindicatos ferroviarios[15] y partidos políticos, como PSPV-PSOE o EUPV, solicitan la dimisión del Consejero de Infraestructuras José Ramón García Antón, al considerar que el accidente era evitable, pues se produjo como consecuencia de la falta de inversiones en materia de infraestructuras y seguridad en la línea desde que se inauguró en 1988 —según los técnicos si en la curva que enfiló el tren a 80 kilómetros por hora hubiera habido una baliza, que costaba 3.000 euros, lo hubiese podido frenar—.
[16][17] No obstante, según el Portavoz de la Generalidad, Vicente Rambla, el Consejo considera que la causa del accidente consiste exclusivamente a un fallo humano y fortuito.
[19] Finalmente el PP aceptó a regañadientes la comisión de investigación en las Cortes valencianas pero los diputados populares utilizaron su mayoría absoluta para vetar comparecencias solicitadas por los grupos de la oposición, por lo que la comisión solo duró unos pocos días.
Más tarde se supo que la empresa del metro había contratado a la consultora HM&Sanchis para preparar los testimonios de los técnicos para que eximieran de toda responsabilidad a la misma.
[31] Sin embargo, muchos medios de comunicación dieron por buenas las nuevas informaciones[12] y se intensificaron las concentraciones ciudadanas que pedían la reapertura del caso.
[34] Se abrió una investigación judicial para determinar las posibles responsabilidades penales y finalmente archivó el caso por considerar al fallecido conductor del tren, el único responsable del accidente.
Beatriz Garrote, hermana de la anterior, se refirió a la condena como «una mínima reparación judicial».
Estamos muy satisfechos y orgullosos de haber peleado durante casi 14 años para lograrlo», se felicitó.
[43] Concluida la sesión el presidente de las Cortes Valencianas Enric Morera i Català dio la palabra a la presidenta de la asociación AVM3J Beatriz Garrote para que se dirigiera a los diputados.
«Hoy las lágrimas pesan muchísimo menos, porque ya no van acompañadas de frustración e indignación», añadió, asegurando a continuación que la asociación iba a seguir trabajando para que «haya un juicio y se diriman responsabilidades penales» y para seguir de cerca la investigación de las Corts y del Parlamento Europeo.
Cuando sucede una tragedia así, tu única opción es salir a la calle y demostrar que eres una persona digna, porque la dignidad no nos la pueden quitar», concluyó.
[46] El informe confirma que FGV contrató a la empresa H&M Sanchis para adoctrinar y aleccionar a los técnicos que comparecieron con el objetivo de exonerar cualquier responsabilidad al Gobierno de Francisco Camps (PP).
Esta tiene como única referencia una directiva europea de 2004 ya que no existe marco jurídico de referencia sobre seguridad en ferrocarriles suburbanos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico.