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La privatización del agua es la abreviatura de participación del sector privado en la prestación de servicios de agua y saneamiento . La privatización del agua tiene una historia variable en la que su popularidad y favorabilidad ha fluctuado en el mercado y la política. Una de las formas comunes de privatización son las asociaciones público-privadas (APP). [1] Las APP permiten una combinación entre propiedad pública y privada y/o gestión de fuentes e infraestructura de agua y saneamiento. La privatización, como sostienen los defensores, puede no sólo aumentar la eficiencia y la calidad del servicio, sino también aumentar los beneficios fiscales. Existen diferentes formas de regulación en vigor para los sistemas de privatización actuales.
La participación del sector privado en el suministro de agua y el saneamiento es controvertida. Los defensores de la participación del sector privado argumentan que ha llevado a mejoras en la eficiencia y la calidad del servicio de los servicios públicos. Se argumenta que ha aumentado la inversión y ha contribuido a ampliar el acceso. Citan a Manila , Guayaquil en Ecuador , Bucarest, varias ciudades de Colombia y Marruecos , así como Côte d'Ivoire y Senegal como historias de éxito. [1] [2] [3] Los críticos, sin embargo, sostienen que la participación del sector privado condujo a aumentos de tarifas y los sistemas de agua privatizados son incompatibles con la garantía del derecho humano internacional al agua , con la creencia de que el agua pública ya no será pública. Las privatizaciones abortadas en Cochabamba, Bolivia , y Dar es-Salaam, Tanzania , así como los sistemas de agua gestionados de forma privada en Yakarta y Berlín , se destacan como fracasos. En 2019, Austria prohibió la privatización del suministro de agua a través de su constitución. [4] [5] [6] [7] [8] [9] La privatización del agua en Buenos Aires, Argentina y en Inglaterra es citada tanto por partidarios como por opositores, cada uno enfatizando diferentes aspectos de estos casos.
Las cifras que describen la accesibilidad del agua por parte del sector privado también muestran la controversia de las fuentes privadas de agua: una fuente afirma que 909 millones de personas fueron atendidas por "agentes privados" en 2011 a nivel mundial, frente a 681 millones de personas en 2007. Esta cifra incluye a las personas atendidas por empresas de propiedad pública que simplemente han externalizado la financiación, la construcción y la operación de parte de sus activos, como plantas de tratamiento de agua o de aguas residuales , al sector privado. [10] El Banco Mundial estimó que la población urbana servida directamente por operadores privados de agua en los países en desarrollo era mucho menor: 170 millones en 2007. [1] De ellos, sólo unos 15 millones de personas, todos ellos residentes en Chile, son atendidas por empresas de servicios públicos de propiedad privada. Las empresas de gestión privada pero de propiedad pública atienden al resto mediante contratos de concesión, arrendamiento y gestión.
A mediados y finales del siglo XIX, las empresas privadas de suministro de agua eran habituales en Europa, Estados Unidos y América Latina. Su importancia fue disminuyendo gradualmente hasta principios del siglo XX, cuando demostraron ser incapaces de ampliar el acceso y las empresas públicas se hicieron más fuertes. A principios de los años 1990, tras las privatizaciones de Thatcher en Inglaterra y Gales, la caída del comunismo y el consiguiente énfasis mundial en las políticas de libre mercado, se produjo un segundo amanecer de las empresas privadas de suministro de agua. [11] El Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional desempeñaron un papel importante en este proceso a través de la condicionalidad de sus préstamos. [12]
En Inglaterra y Gales, la aparición de las primeras compañías privadas de agua se remonta al siglo XVII. En 1820, seis compañías privadas de agua operaban en Londres. Sin embargo, la participación de mercado de las compañías privadas de agua en Londres disminuyó del 40% en 1860 al 10% en 1900. En la década de 1980, su participación en toda Inglaterra y Gales era de alrededor del 25%. [13] La situación cambió por completo en 1989, cuando el gobierno conservador de Margaret Thatcher privatizó todas las compañías públicas de agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales. En Escocia, los gobiernos locales dominados por el Partido Laborista mantuvieron los sistemas de agua en manos públicas.
Mientras tanto, el sector del agua en Francia siempre se ha caracterizado por una coexistencia de gestión pública y privada, con sus respectivas participaciones fluctuantes a lo largo del tiempo. Las dos empresas privadas más grandes son Veolia Environnement , anteriormente Compagnie Générale des Eaux y luego Vivendi Environnement, y Suez Environnement , anteriormente Lyonnaise des Eaux y luego Ondeo. La Compagnie Générale des Eaux se fundó en 1853 y Lyonnaise des Eaux en 1880. A finales del siglo XIX, los gobiernos municipales, insatisfechos con las altas tarifas y la falta de expansión de las redes a los barrios pobres, no renovaron las concesiones privadas y crearon en su lugar servicios públicos de propiedad municipal. La participación de los operadores privados de agua disminuyó al 17% en 1936. La participación del sector privado aumentó gradualmente al 32% en 1954, 50% en 1975 y 80% en 2000 utilizando un nuevo modelo. En lugar de los contratos de concesión, que daban la responsabilidad de financiar las inversiones a la empresa privada, los nuevos contratos de arrendamiento ( affermages ) hicieron que el operador privado fuera responsable únicamente de la operación y el mantenimiento, mientras que las inversiones importantes pasaron a ser responsabilidad de los municipios. [14] [15] Las compañías de agua francesas también escaparon a las nacionalizaciones después de la guerra y más tarde bajo el presidente François Mitterrand , porque el gobierno central no quería interferir con la autonomía de los municipios y no estaba dispuesto a financiar grandes inversiones. [16] El suministro de agua de París fue privatizado en 1985 cuando un alcalde conservador otorgó dos contratos de arrendamiento, cada uno cubriendo la mitad de la ciudad. En 2010, un alcalde socialista remunicipalizó el sistema de agua de la capital francesa.
En España, las compañías privadas de agua mantuvieron su posición, cambiando la tendencia mundial durante finales del siglo XIX y principios del XX. [16] La mayor compañía privada de agua en España es Aguas de Barcelona . Inicialmente creada por inversores franceses y belgas, fue vendida a inversores españoles en 1920, para luego volver gradualmente a estar bajo control francés a principios del siglo XXI. [17]
En Alemania, una empresa privada británica de suministro de agua había instalado en 1852 el primer sistema de agua potable y depuradora en Berlín, pero la ciudad, insatisfecha con la falta de inversiones, en particular en el alcantarillado, canceló el contrato en 1873. [18] En 1887 se creó Gelsenwasser , que sigue siendo un importante proveedor regional de agua en la cuenca del Ruhr . El sector alemán del agua siempre ha estado dominado por empresas de servicios públicos de propiedad municipal. A pesar de ello, el sistema de agua de Berlín fue parcialmente privatizado en 1999 por razones fiscales. [19]
En Estados Unidos, el 60% de los sistemas de agua potable eran de propiedad privada en 1850. Sin embargo, esta proporción se redujo al 30% en 1924. [20] En 2010, 2000 instalaciones de agua y aguas residuales en Estados Unidos funcionaban en el marco de asociaciones público-privadas, un esfuerzo conjunto entre el grupo privado y el municipio en el que operaba. [21]
En Chile, la dictadura de Pinochet estableció la Constitución de 1980, que incluye las leyes de aguas que son la base de los sistemas hídricos de Chile. Además, el gobierno promulgó el Código de Aguas de 1981, un régimen legal que decide eliminar la participación del gobierno en el control del sistema de agua y permite a los ciudadanos poseer derechos para explotar los recursos hídricos. Estableciendo este Código de Aguas, el gobierno de Chile logró la privatización del agua, y este régimen todavía está en vigor. Hoy en día, el gobierno ha reducido su poder en la administración de los recursos hídricos; por lo tanto, el 90% del suministro de agua potable de Chile está controlado por las corporaciones transnacionales. Sin embargo, este sistema de agua causa el desequilibrio en la distribución de los derechos de agua en Chile. Por ejemplo, dado que el Código de Aguas permite a las empresas explotar los recursos hídricos, el 71% de los recursos hídricos de Chile se utilizan en riego, lo que equivale al consumo anual de 243 millones de hogares. [22] La distribución desigual de los derechos de agua induce a la escasez de los recursos hídricos de los ciudadanos chilenos, particularmente en la sequía.
En la segunda mitad del siglo XIX, las empresas privadas de agua europeas y locales se expandieron en América Latina, África y Asia, mientras que su importancia disminuyó en Europa. En Uruguay, el suministro de agua fue gestionado de manera privada de 1867 a 1950; en Buenos Aires, Argentina, durante un breve período de 1887 a 1891 y nuevamente de 1993 a 2006; en El Cairo y Alejandría, Egipto, de 1867 a 1956; en Beirut, Líbano, desde el siglo XIX hasta 1951; en Shanghái, China, de 1875 a 1949; en Casablanca, Marruecos, de 1914 a 1962 y nuevamente después de 1997; en Senegal hasta 1971 y nuevamente después de 1996; y en Costa de Marfil desde la época colonial hasta hoy sin interrupción. [23]
En Europa Central y Oriental, las empresas privadas se expandieron a finales de la década de 1990, especialmente en Bulgaria, la República Checa, Hungría y Rumania.
Sin embargo, algunas privatizaciones del agua fracasaron, la más notable fue en 2000 en Cochabamba , Bolivia, allanando el camino para un nuevo pragmatismo y un menor énfasis en la privatización, y en 2019, Austria prohibió la privatización del suministro de agua a través de su constitución. [8] [9]
En términos generales, existen dos formas de participación del sector privado en el suministro de agua y el saneamiento. En una privatización total , los activos se venden de forma permanente a un inversor privado. En una asociación público-privada , la propiedad de los activos sigue siendo pública y solo se delegan ciertas funciones a una empresa privada durante un período específico. La privatización total del suministro de agua y el saneamiento es una excepción en la actualidad, ya que se limita a Inglaterra, Chile y algunas ciudades de los Estados Unidos. Las asociaciones público-privadas (APP) son la forma más común de participación del sector privado en el suministro de agua y el saneamiento en la actualidad.
Las tres formas más comunes de APP, en orden de crecientes responsabilidades del socio privado, son:
Las concesiones son la forma más común de asociación público-privada en el suministro de agua y el saneamiento. Les siguen los contratos de arrendamiento, también llamados affermages , más utilizados en Francia y en el África occidental francófona. Los contratos de gestión se utilizan en Arabia Saudita, Argelia y Armenia, entre otros. Las empresas de propiedad mixta son las más comunes en España, Colombia y México.
La concesión para la construcción de una nueva planta se denomina contrato de construcción, operación y transferencia (BOT, por sus siglas en inglés). En virtud de un contrato BOT, el operador privado firma un acuerdo con una empresa de servicios públicos que compra servicios de tratamiento de agua tratada o de aguas residuales .
Los motivos de la privatización del agua varían de un caso a otro y, a menudo, determinan el modo de privatización elegido: los contratos de gestión y arrendamiento se utilizan para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio, mientras que las ventas de activos y las concesiones apuntan principalmente a reducir la carga financiera o ampliar el acceso. Los motivos ideológicos y las influencias externas también juegan un papel: la ideología liberal de mercado está a favor de la privatización, las ideologías de izquierda se oponen y tanto los conservadores como los centristas se encuentran en un punto intermedio, a menudo basándose en consideraciones locales y empresariales. Por lo general, se combinan varios de los motivos anteriores.
La privatización del agua es vista por algunos como una solución para mejorar los sistemas públicos de agua mal gestionados. Los síntomas de una mala gestión pueden incluir una baja recaudación de facturas de agua, elevadas pérdidas de agua (conocidas como agua no facturada ) y un suministro de agua intermitente , que a veces dura sólo unas pocas horas al día o unos pocos días a la semana. En Argelia, Arabia Saudita , Colombia y Cuba, aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio fueron los motivos principales para la privatización del agua. En estos casos, el argumento para privatizar el agua se basa en la creencia de que al adoptar un enfoque basado en el mercado para la gestión del agua, el proveedor del servicio se verá incentivado por las ganancias para aumentar la eficiencia y mejorar la calidad del servicio. [12] Algunos críticos sostienen que esta creencia es errónea porque el sector de servicios públicos de agua suele estar monopolizado por una empresa privada. Afirman que esto contrarresta muchas de las ventajas asociadas con la economía de mercado porque sin competencia entre múltiples empresas de servicios de agua no hay nada que haga bajar los precios y subir los niveles de eficiencia. [24] [12]
Las influencias externas, como las del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a menudo juegan un papel en la decisión de los gobiernos de privatizar el agua, como fue el caso en Bolivia y en varios países africanos. Esta influencia puede tomar la forma de programas de ajuste estructural , mediante los cuales se otorga un préstamo para el desarrollo con la condición de que el país receptor privatice su sistema de servicios públicos de agua. [12] Otras agencias de ayuda también han apoyado la privatización del agua. Estos incluyen el Banco Interamericano de Desarrollo (por ejemplo, en Ecuador, Colombia y Honduras), el Banco Asiático de Desarrollo (por ejemplo, en China), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo en Europa del Este, la cooperación alemana para el desarrollo a través de KfW (por ejemplo, en Albania, Armenia, Jordania y Perú), la cooperación francesa para el desarrollo (por ejemplo, en Senegal) y la cooperación británica para el desarrollo (por ejemplo, en Tanzania y Guyana). Los críticos afirman que estas influencias externas son problemáticas y argumentan que influir en la privatización del agua es parte de un movimiento más amplio de potencias occidentales que imponen el neoliberalismo a los países del Sur Global. [12] En el Reino Unido, el Movimiento Mundial para el Desarrollo hizo campaña contra el apoyo a la privatización del agua a través de la ayuda del Reino Unido. [25]
En algunos casos, donde el acceso ya es universal y la calidad del servicio es buena, predominan los motivos financieros, como fue el caso de Berlín (Alemania) y de Chile. En Berlín, el gobierno estatal vendió una participación del 49,9% de su empresa de agua en 1999 por 1.690 millones de euros a cambio de una ganancia garantizada para los accionistas privados equivalente a la tasa de interés de los bonos del gobierno a 10 años más el 2%, como se especificaba en un contrato que se mantuvo confidencial hasta que el gobierno estatal se vio obligado por un referéndum a hacerlo público. Como resultado, las tarifas aumentaron (15% sólo en 2004) y los ingresos del gobierno estatal procedentes de la empresa disminuyeron en comparación con la situación anterior a la privatización (168 millones de euros de ganancia para el estado en 1997 en comparación con una pérdida de 10 millones de euros en 2003). [26] En Chile, donde no existían plantas de tratamiento de aguas residuales antes de la privatización, el deseo del gobierno de financiar su construcción fuera del presupuesto impulsó la privatización en 1998. [27]
Los motivos financieros para privatizar el agua también son comunes en países donde el acceso al agua y la calidad del servicio son deficientes. En ciudades con barrios marginales en rápido crecimiento, es muy costoso para el gobierno expandir la infraestructura de su sistema de suministro de agua al ritmo de la creciente población. Además, mantener el buen estado de la infraestructura antigua también es costoso. Por lo tanto, si una parte importante de los fondos públicos no se asigna al mantenimiento, las tuberías y las plantas de tratamiento de aguas residuales pueden llegar a deteriorarse. Para algunos países, el costo de administrar un sistema público de suministro de agua se vuelve inasequible. En estos casos, la privatización puede verse como una posible solución para que los gobiernos atraigan inversión privada nacional e internacional. [24]
Existen estimaciones muy dispares sobre el número de personas a las que prestan servicios de agua las empresas privadas. El Banco Mundial estimó que, en 2007, alrededor de 270 millones de personas recibían agua de empresas privadas en más de 40 países, incluidos unos 160 millones en países desarrollados y 110 millones en países en desarrollo. Sin embargo, el informe no incluye estimaciones sobre el número de personas a las que prestan servicios de aguas residuales las empresas privadas. [1]
El Anuario del Agua de Pinsent Masons utiliza una definición más amplia que incluye también los servicios de aguas residuales. Más importante aún, también incluye casos en los que una planta de tratamiento de agua o de aguas residuales es operada por una empresa privada en nombre de una empresa de servicios públicos de propiedad y operación pública que presta servicios al cliente final. Sobre la base de esta definición más amplia y teniendo en cuenta el crecimiento de la población y la privatización del agua entre 2007 y 2011, estima que 909 millones de personas en 62 países o el 13% de la población mundial fueron atendidas por el sector privado de una forma u otra. Esto incluye 309 millones de personas en China, 61 millones en los Estados Unidos, 60 millones en Brasil, 46 millones en Francia, 23 millones en España, 15 millones en la India y 14 millones en Rusia. [28] En Inglaterra y Gales, toda la población de 55 millones es atendida por empresas privadas. Además, en Chile, la República Checa, Armenia y tres países africanos (Côte d'Ivoire, Gabón y Senegal) las empresas privadas proporcionan servicios de agua a toda la población urbana. En Hungría, el abastecimiento de agua llega a casi la mitad de la población. En Argelia, Colombia, Alemania, Italia, Malasia, México, Marruecos, Polonia y Sudáfrica, menos de la mitad de la población recibe el servicio de empresas privadas. En Filipinas, Indonesia, Bulgaria, Estonia y Cuba, las empresas privadas de agua sólo abastecen a la capital.
En 2009, 24 países, como Argentina, Bolivia, Ghana y la República Centroafricana, habían vuelto a la gestión pública. Sin embargo, el 84 por ciento de los contratos adjudicados, en su mayoría en la década de 1990, todavía estaban vigentes. [1]
Por otra parte, en muchos países, como Japón, Canadá, Egipto, Pakistán o Escandinavia, no existen empresas privadas de agua. Nicaragua, los Países Bajos y Uruguay incluso han aprobado leyes que prohíben la privatización del agua. [29] En Italia, en junio de 2011, una ley que favorecía la privatización del agua fue derogada por una abrumadora mayoría de italianos mediante un referéndum. [30] En 2019, la ciudad de Baltimore , Maryland, se convirtió en la primera ciudad importante de los Estados Unidos en prohibir la privatización del agua. [31]
Un informe del Banco Mundial enumera los siguientes ejemplos de asociaciones público-privadas exitosas en países en desarrollo: la privatización total en Chile ; las empresas mixtas en Colombia ; las concesiones en Guayaquil en Ecuador, Brasil , Argentina , Manila Oriental en Filipinas , Marruecos y Gabún; y los contratos de arrendamiento en Costa de Marfil, Senegal y Ereván en Armenia . [1]
Más allá de la privatización del agua, que implica relaciones contractuales entre un gobierno y grandes empresas formalmente establecidas, también existe "el otro sector privado" en el suministro de agua, que consiste en operadores locales de pequeña escala, a menudo informales. Existen en la mayoría de las ciudades del Sur Global y, a veces, proporcionan agua a una gran parte de la población de la ciudad. Por ejemplo, un estudio de seis países latinoamericanos mostró que proporcionan agua al 25% de la población en siete ciudades. [40] [41] En África, atienden a un estimado del 50% de la población urbana. [24] Operan principalmente en barrios marginales, atendiendo a las personas que no son atendidas por las autoridades de la ciudad. [24] Muchos operadores de agua a pequeña escala proporcionan agua a través de camiones cisterna o carros tirados por animales. Otros operan redes de distribución de agua alimentadas por pozos, como es el caso de Asunción, Paraguay, y en Sanaa, Yemen. Los operadores a pequeña escala pueden ser propiedad de empresarios individuales o pueden tomar la forma de cooperativas, como es el caso de Honduras. Los pequeños operadores no siempre cumplen con las normas técnicas y la calidad del agua que suministran o sus tarifas a menudo no están reguladas. En la mayoría de los casos, sus tarifas son significativamente más altas que las de los servicios públicos de agua. [24] Esto puede atribuirse a la especulación o simplemente a los altos costos de transporte que se invierten durante la distribución del agua. [24] Por lo general, carecen de capital para ampliar aún más su red. Sin embargo, en algunos casos piloto, como en Kenia, Uganda, Camboya y Vietnam, los organismos de ayuda internacional les han proporcionado subvenciones para aumentar el acceso, a menudo en forma de ayuda basada en los resultados . [42]
Las empresas privadas suelen seleccionarse mediante licitaciones internacionales y deben demostrar experiencia previa. La selección se realiza mediante una combinación de precio y calidad, o basándose únicamente en el precio. En el caso de un contrato de gestión, el precio es la tarifa de gestión (tarifa fija más tarifa basada en el rendimiento); en el caso de un arrendamiento, es la tarifa de arrendamiento por unidad de agua vendida; en una concesión, es la tarifa del agua ; y en una venta de activos, es el precio pagado por la empresa. [43] En algunos casos –como en Casablanca en 1997 y en Yakarta en 1998– se han seleccionado empresas privadas mediante negociaciones directas sin licitación pública. En otros casos –como en Cartagena (Colombia) en 1995, Cochabamba (Bolivia) en 1999 y Guayaquil (Ecuador) en 2000– sólo se presentó una única oferta. Si los organismos de ayuda al desarrollo participan en la financiación directa de la participación del sector privado, exigen sistemáticamente una licitación pública. Sin embargo, en algunos casos –como en Timişoara, Rumania– el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo ha financiado inversiones paralelas, mientras que el gobierno adjudicó una concesión después de negociaciones directas. [44]
Al ser monopolios, todos los servicios de agua, públicos o privados, necesitan ser regulados en lo que respecta a la aprobación de tarifas, la calidad del servicio, el cumplimiento de las normas ambientales y otros aspectos. La conciencia de la necesidad de regular aumenta considerablemente cuando intervienen operadores privados con ánimo de lucro: la supervisión del desempeño tanto del socio privado como del público, la aplicación de sanciones en caso de incumplimiento y la resolución de disputas se vuelven particularmente importantes. Las tareas regulatorias dependen de la forma de participación del sector privado: en virtud de un contrato de gestión, la supervisión del logro de los estándares de desempeño, de los cuales depende la remuneración de la empresa privada, normalmente la lleva a cabo una firma consultora independiente. En virtud de un contrato de concesión o en el caso de una venta de activos, la regulación de tarifas a través de una agencia reguladora o del gobierno es una función regulatoria clave. Las concesiones de agua se renegocian con frecuencia, lo que a menudo resulta en mejores condiciones para la empresa privada. Por ejemplo, las negociaciones de concesiones en Buenos Aires y Manila dieron como resultado una reducción de los requisitos de inversión, un aumento de las tarifas y una indexación de las tarifas al tipo de cambio del dólar estadounidense. [45] La calidad y la solidez de la regulación es un factor importante que influye en el éxito o el fracaso de la privatización del agua. [46] Las tareas, la forma y la capacidad de las entidades públicas encargadas de la regulación varían enormemente entre países.
A nivel mundial, la regulación de las empresas privadas de agua se lleva a cabo por los siguientes tipos de entidades públicas o, a veces, una combinación de ellas.
Los ejemplos más conocidos de privatización del agua a finales del siglo XX son los llevados a cabo en Inglaterra bajo el gobierno de Margaret Thatcher, las concesiones de Manila y Buenos Aires, así como la privatización fallida de Cochabamba, Bolivia, que se convirtió en un símbolo de la lucha contra la globalización. Menos conocidas, pero igualmente relevantes, son las privatizaciones del agua en otros países, como en Colombia.
Las empresas privadas de agua han tenido un papel dominante en Francia durante más de un siglo. Las empresas privadas de agua ( Veolia Water , Suez Environnement y otras más pequeñas como Saur) controlan el 60 por ciento del mercado de agua de Francia. Veolia y Suez son las empresas privadas internacionales de agua y aguas residuales más grandes del mundo. [47]
La privatización del agua en Francia se viene produciendo desde antes del siglo XIX, pero sólo recientemente, alrededor de los años 1960, ha crecido en tamaño y poder. Se calcula que en los 20 años transcurridos entre los años 1950 y 1970 el sector privado del agua ha aumentado su participación en el suministro de agua potable al menos en un 20%, cifra que ha aumentado hasta cerca del 75% en la actualidad. El suministro de agua es ahora propiedad de tres grandes empresas. En los 3.600 municipios locales de Francia, cada uno de ellos tiene el poder de decidir si publicita o privatiza el agua potable y dicta los términos del contrato. [48]
Las agencias del agua francesas se financian en su totalidad por sí mismas, lo que significa que estas empresas se autofinancian. Es difícil calcular los ingresos totales, pero entre 1992 y 1996 estas agencias del agua obtuvieron unos 81.000 millones de francos franceses en ingresos. Este gran fondo se utiliza principalmente para ampliar y mantener proyectos públicos y privados de agua. Este modelo, aunque muy rentable, carece de una regulación económica debido a la mala logística. Este es un problema que se está solucionando mediante la aplicación de un contrato claro y bien definido entre las agencias del agua y los contratistas que construyen la infraestructura. [48]
En Inglaterra y Gales, las tarifas del agua y los beneficios aumentaron sustancialmente después de la privatización en 1989, pero las inversiones también aumentaron y la calidad del agua en los ríos mejoró. [49] Las tarifas aumentaron un 46% en términos ajustados a la inflación durante los primeros nueve años después de la privatización. Los beneficios de explotación se han más que duplicado (+142%) en los primeros ocho años. Por otro lado, la privatización aumentó las inversiones: en los seis años posteriores a la privatización, las empresas invirtieron 17.000 millones de libras, en comparación con los 9.300 millones de libras de los seis años anteriores a la privatización. [49] También provocó el cumplimiento de estrictas normas de agua potable y condujo a una mayor calidad del agua de los ríos. [49] Según datos de OFWAT , el regulador económico de las empresas de agua y alcantarillado en Inglaterra y Gales, desde principios de los años 1990 hasta 2010, la presión de la red ha mejorado sustancialmente, las interrupciones del suministro se han vuelto menos frecuentes, la capacidad de respuesta a las quejas ha mejorado [50] y las fugas se han reducido. [51]
En la década de 1980, la élite creía en gran medida que el Estado no estaba construyendo infraestructura para el agua de una manera que permitiera a la economía crecer adecuadamente. Por esta razón, los poderosos económicos y políticos encabezaron un cambio hacia la conversión del agua en un servicio público de propiedad privada. [52] Recientemente, todos los sistemas de agua privatizados han estado experimentando una reestructuración completa. Las pequeñas empresas de agua del Reino Unido también han sido adquiridas por empresas multinacionales de los Estados Unidos, Francia y Escocia. Se ha descubierto que las empresas de propiedad privada tienen problemas con la calidad del agua, la contaminación ambiental, la gestión de las aguas residuales, las fugas y los errores logísticos. [53]
La privatización del agua en Manila comenzó en 1997 con la adjudicación de dos contratos de concesión para las mitades oriental y occidental de Metro Manila . Las concesiones representan la mayor población atendida por operadores privados en el mundo en desarrollo. [54] A partir de 2010, la concesión en Manila oriental es muy exitosa y ha llevado a mejoras significativas en el acceso, la calidad del servicio y la eficiencia: la población atendida se duplicó con creces de 3 en 1997 a 6,1 millones en 2009, la proporción de clientes con suministro continuo de agua aumentó del 26% a más del 98% y el agua no contabilizada disminuyó del 63% al 16%. [55] La concesión en Manila occidental fracasó cuando la empresa Maynilad se declaró en quiebra en 2003. Se vendió a nuevos inversores en 2007 y el rendimiento ha mejorado desde entonces. [56] La proporción de la población con acceso a agua corriente en el oeste de Manila aumentó del 67% en 1997 al 86% en 2006 [57] y la proporción de clientes que disfrutan de suministro de agua las 24 horas aumentó del 32% en 2007 al 71% a principios de 2011. [58]
La privatización del agua en Argentina comenzó en 1992 bajo el gobierno de Carlos Menem como parte de uno de los programas de privatización más grandes del mundo. Se firmaron concesiones en el 28% de los municipios del país que cubrían el 60% de la población, [59] incluyendo en 1993 para el área metropolitana de Buenos Aires . Después de la crisis económica de 2001 , bajo el gobierno de Néstor Kirchner , casi todas las concesiones fueron terminadas, incluyendo en Buenos Aires en 2006. El impacto de la concesión sigue siendo controvertido. El gobierno y los críticos argumentan que el concesionario no logró alcanzar los objetivos establecidos en el contrato de concesión en términos de expansión del acceso, inversión y calidad del servicio. [60] [61] Los defensores admiten que los objetivos no se alcanzaron, pero argumentan que un congelamiento de las tarifas en el momento de la devaluación del peso durante la crisis económica argentina en 2001 violó el contrato y, por lo tanto, hizo imposible alcanzar los objetivos originales. Según el economista argentino Sebastián Galiani, la empresa pública OSN había invertido sólo 25 millones de dólares al año entre 1983 y 1993, mientras que la concesionaria privada Aguas Argentinas aumentó las inversiones a alrededor de 200 millones de dólares al año entre 1993 y 2000. [62] Según la concesionaria privada Suez , durante los 13 años de duración de su concesión extendió el acceso al agua a 2 millones de personas y el acceso al saneamiento a 1 millón de personas, a pesar de la crisis económica. [63] [64] En julio de 2010, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) dictaminó que el gobierno argentino se negó injustamente a permitir que las concesionarias privadas aumentaran las tarifas durante el período posterior a la devaluación del peso argentino en 2001 y que las empresas privadas tienen derecho a daños y perjuicios. Las empresas privadas anunciaron que solicitarían 1.200 millones de dólares en daños y perjuicios. [65]
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A mediados de los años 1990, el gobierno de Bolivia , bajo presión del Banco Mundial , decidió privatizar el suministro de agua en la tercera ciudad más grande del país, Cochabamba . En los años anteriores, a pesar de los fondos asignados por el Banco Mundial para apoyar a la empresa pública de Cochabamba, el acceso al agua potable en la ciudad había disminuido al 40%. Las pérdidas de agua se habían mantenido altas en el 40%, y el agua se suministraba solo 4 horas al día. [66] Aquellos que no estaban conectados a la red pagaban diez veces más por su agua a vendedores privados que los que sí lo estaban. [67] Esto contrastaba con la situación en la segunda ciudad más grande de Bolivia, Santa Cruz , donde una empresa de servicios públicos administrada como cooperativa había logrado aumentar el acceso y mejorar la calidad del servicio con el apoyo del Banco Mundial. En Santa Cruz, la privatización nunca se había considerado. [66]
En 1997, una primera licitación para una concesión de agua en Cochabamba había sido declarada desierta a petición del alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa . [66] Quería que la construcción de una gran presa, la presa Misicuni, y un acueducto desde la presa hasta la ciudad se incluyeran en la concesión. [67] El Banco Mundial se había opuesto a la presa por ser innecesariamente costosa y posteriormente puso fin a su participación en el suministro de agua en la ciudad. [66] A pesar de esto, en opinión del público, el Banco Mundial sigue estando inseparablemente vinculado a la privatización de Cochabamba.
El gobierno procedió a licitar la concesión; esta vez incluyendo la represa Misicuni. Solo una única empresa presentó una oferta, Aguas del Tunari , un consorcio liderado por Bechtel . [68] El gobierno aceptó la oferta y firmó la concesión. [67] [68] Al consorcio se le garantizó una rentabilidad anual mínima del 15%. [67] En paralelo, se aprobó una ley que parecía dar un monopolio a Aguas del Tunari sobre todos los recursos hídricos, incluyendo el agua utilizada para riego, sistemas de agua comunales e incluso el agua de lluvia recogida en los tejados. [68] Al tomar el control, la empresa aumentó las tarifas del agua en un 35%.
En enero de 2000 estallaron manifestaciones y una huelga general en protesta contra el aumento de las tarifas y la percepción de privatización de los recursos hídricos. El gobierno arrestó al líder de los manifestantes, Oscar Olivera . Sin embargo, las protestas se extendieron a todo el país y el gobierno declaró el estado de emergencia en abril. Las protestas continuaron y varias personas fueron asesinadas. En medio de la agitación, los empleados de Aguas del Tunari huyeron de Cochabamba. [67] El gobierno finalmente liberó a Oscar Olivera y firmó un acuerdo con él declarando que la concesión sería terminada. [69] El gobierno luego le dijo a Aguas del Tunari que al dejar Cochabamba habían abandonado la concesión y el parlamento revocó la Ley 2029. Las protestas de Cochabamba se convirtieron en un símbolo mundial de la lucha contra el neoliberalismo y la privatización de Cochabamba es probablemente, tanto entre los activistas contra la globalización como entre el público en general, con mucho el ejemplo más conocido del fracaso de la privatización del agua.
La empresa, insistiendo en que la habían obligado a retirarse, presentó una demanda por 25 millones de dólares en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones . [67] Los procedimientos, que se llevaron a cabo a puertas cerradas, terminaron en 2006 con un acuerdo en virtud del cual Bechtel retiró su demanda. [70] Con financiación del Banco Interamericano de Desarrollo, la ciudad amplió su sistema de agua potable tras los disturbios. [71] Sin embargo, bajo la gestión pública, la mitad de los 600.000 habitantes de Cochabamba siguen sin agua potable y los que la tienen siguen recibiendo el servicio de forma intermitente. Oscar Olivera, la figura principal de las protestas, admitió: "Yo diría que no estábamos preparados para construir nuevas alternativas". [72]
Entre 1996 y 2007, se establecieron asociaciones público-privadas para servicios de agua y alcantarillado en más de 40 ciudades colombianas, que atendieron a más del 20% de la población urbana del país. La mayoría de los contratos se adjudicaron en municipios con infraestructura altamente deteriorada, como Barranquilla y Cartagena . El gobierno central financió la mayoría de las inversiones a través de subvenciones, reduciendo así la necesidad de aumentar las tarifas. La privatización del agua en Colombia fue en gran medida local, adaptando modelos utilizados en otros lugares a las circunstancias y la cultura particulares de Colombia. [73] Un modelo introducido desde España, la empresa mixta con una participación mayoritaria del municipio y una participación minoritaria de un operador privado, fue particularmente exitoso. Las empresas de agua extranjeras ganaron algunos de los primeros contratos, pero rápidamente vendieron la mayoría de sus acciones a operadores colombianos. Hubo un aumento significativo en el acceso bajo contratos privados. Por ejemplo, en Cartagena, la cobertura de abastecimiento de agua aumentó del 74 por ciento a una cobertura casi universal, mientras que la cobertura de alcantarillado aumentó del 62 por ciento al 79 por ciento entre 1996 y 2006. Medio millón de personas obtuvieron acceso y el 60 por ciento de las nuevas conexiones beneficiaron a familias del quintil de ingresos más pobre. Para lograr la cobertura universal, el operador hizo un amplio uso de esquemas comunitarios de suministro masivo que proporcionan agua potable a los numerosos asentamientos ilegales que se estaban expandiendo en la periferia de la ciudad. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que demuestre que el acceso aumentó más rápidamente en el caso de los contratos privados que en el caso de los servicios públicos administrados por el Estado. En Cartagena, las tarifas disminuyeron sustancialmente, lo que indica que el operador trasladó las ganancias de eficiencia a los consumidores. [74] [75] [76]
La evidencia sobre el impacto de la privatización del agua es mixta. A menudo, los defensores y los oponentes de la privatización del agua destacan los ejemplos, estudios, métodos e indicadores que respaldan sus respectivos puntos de vista. Como ocurre con cualquier estudio empírico, los resultados están influenciados por los métodos utilizados. Por ejemplo, algunos estudios simplemente comparan la situación antes de la privatización con la situación después de la privatización. Estudios más sofisticados intentan comparar los cambios en los servicios públicos administrados privadamente con los de los servicios públicos administrados públicamente que operan en condiciones similares durante el mismo período. El segundo grupo de estudios a menudo utiliza técnicas econométricas . Los resultados también dependen de la elección del indicador utilizado para medir el impacto: un indicador común es el aumento en el acceso al suministro de agua y alcantarillado. Otros indicadores son los cambios en las tarifas, las inversiones, las enfermedades transmitidas por el agua o los indicadores de calidad del servicio (por ejemplo, la continuidad del suministro o la calidad del agua potable) y la eficiencia (por ejemplo, las pérdidas de agua o la productividad laboral).
Un estudio comparativo de antes y después realizado por el Banco Mundial analiza cómo han evolucionado el acceso, la calidad del servicio, la eficiencia operativa y las tarifas en el marco de 65 asociaciones público-privadas para servicios de agua urbanos en países en desarrollo. El estudio estima que "los proyectos de asociaciones público-privadas han proporcionado acceso a agua potable a más de 24 millones de personas en países en desarrollo desde 1990". [77]
Las compañías de agua privatizadas generalmente aumentan las tarifas para obtener más ganancias, lo que en consecuencia reduce la accesibilidad del recurso para los hogares pobres, ya que estos no pueden pagar tarifas elevadas. [78] En otras palabras, las inversiones se realizan únicamente para mejorar la accesibilidad en los distritos más ricos donde la gente puede pagar las tarifas. De esta manera, la necesidad de la compañía de agua de obtener ganancias adecuadas se satisface suministrando agua únicamente a quienes pueden pagarla. [79] Sin embargo, en otros países como Nigeria y Ghana, donde los gobiernos no logran distribuir el acceso al agua a la gente, la privatización del agua llevó a la expansión de los servicios a distritos de bajos ingresos. [80]
Una de las medidas más eficaces de la eficacia de la privatización del agua es la tasa de mortalidad infantil , ya que los niños tienen más probabilidades de verse afectados negativamente por el agua contaminada. [81] La privatización del agua ha tenido históricamente impactos mixtos en la mortalidad infantil y la salud general de las personas afectadas por ella. Un estudio encontró que, entre 1991 y 1997 en Argentina, las áreas donde la mortalidad infantil era superior al 26% se redujo a poco menos del 8% después de que se privatizara el agua, [81] porque las regulaciones impuestas a las empresas de agua privadas eran más rigurosas que sus contrapartes controladas por el gobierno. Junto con esto, el desarrollo de infraestructura hídrica en áreas empobrecidas a manos de empresas privadas también redujo las tasas de mortalidad infantil. Algunos gobiernos privatizan las empresas de agua, entre otras razones, para mejorar la calidad del suministro de agua.
Sin embargo, en Argentina, la privatización del agua no cumplió con muchas de las promesas que los ciudadanos esperaban, como la expansión del tratamiento y las conexiones de alcantarillado y la reducción del precio del agua, que en realidad aumentó. Junto con esto, las compañías privadas de agua en Argentina necesitaron ayuda del gobierno nacional para eludir a las agencias reguladoras después de que [ aclaración necesaria ] tratara [ aclaración necesaria ] de cancelar su contrato debido a conflictos de intereses. Muchos sindicatos de trabajadores se opusieron a la privatización del agua, pero sus súplicas fueron en gran medida ignoradas por el gobierno argentino. [82]
El impacto de la privatización del agua en la cantidad de sustancias cancerígenas que se encuentran en el suministro de agua es muy debatido. En algunos casos, como el estado alemán de Renania del Norte-Westfalia , es probable que los sistemas públicos de agua inviertan más dinero en mejorar la calidad del agua. Las compañías de agua que trabajan sobre una base comercial podrían considerar demasiado costoso implementar sistemas para mejorar la calidad del agua más allá de lo que exige la ley. Esto podría aumentar el riesgo de que haya sustancias nocivas que provoquen cáncer en el agua. [83]
Aunque no se puede concluir con certeza el impacto en las tarifas, ya que cada país tiene una política tarifaria diferente, las tarifas del agua tienden a aumentar en el marco de la privatización. Por ejemplo, en Buenos Aires y Manila, las tarifas primero disminuyeron, pero luego aumentaron por encima de su nivel inicial; en Cochabamba o Guyana, las tarifas aumentaron en el momento de la privatización. Sin embargo, hay otros casos en los que las tarifas en el marco de la privatización del agua no aumentaron a largo plazo, por lo general en el África subsahariana, donde la mayoría de las inversiones se financian mediante ayuda al desarrollo. Por ejemplo, las tarifas se mantuvieron estables en Senegal, mientras que en Gabón disminuyeron un 50% en cinco años (2001-2006) y un 30% en diez años en Côte d'Ivoire (1990 a 2000). [84]
Además, en casi todos los casos las tarifas iniciales han sido muy inferiores a los niveles de recuperación de costos y, en ocasiones, sólo cubren una fracción del costo de la prestación del servicio. La magnitud de los aumentos de tarifas está influida por el margen de beneficio de los operadores privados, pero también, en gran medida, por la eficiencia de las empresas de servicios públicos en términos de pérdidas de agua y productividad laboral.
Sin embargo, al comparar el gasto de agua entre la gestión privada y pública en los EE.UU., un estudio de los gastos de agua de los hogares en ciudades bajo gestión privada y pública en los EE.UU. concluye que "el hecho de que los sistemas de agua sean propiedad de empresas privadas o de gobiernos puede, en promedio, simplemente no importar mucho". [85]
Según un estudio del Banco Mundial de 2005, la mejora más consistente lograda por las asociaciones público-privadas en el suministro de agua fue en la eficiencia operativa . El estudio analiza el impacto de la gestión privada en la eficiencia de los servicios de agua en muchos países de muchos continentes, incluidos África, América Latina, Asia y Europa del Este. La mayoría de las evidencias del estudio sugieren que "no hay una diferencia estadísticamente significativa entre el desempeño de eficiencia de los operadores públicos y privados en este sector". [86] Además, una revisión de la literatura de 2008 realizada por el Banco Asiático de Desarrollo muestra que de 20 estudios revisados, solo tres muestran evidencia concreta sobre mejoras de eficiencia técnica o reducciones de costos bajo la gestión privada. [87] Por lo tanto, en 2005, el operador privado, al menos, hizo una contribución indirecta a la financiación al mejorar la eficiencia, lo que hizo posible que los servicios públicos financiaran las inversiones internamente en lugar de tener que depender de más deuda. [1]
Un estudio empírico de 34 concesiones en nueve países latinoamericanos durante la década de 1990, incluidas 10 concesiones de agua en 5 países (3 en Argentina, 1 en Bolivia, 1 en Brasil, 3 en Chile y 2 en Colombia), ha estimado la rentabilidad de las concesiones en comparación con el costo de capital de las empresas privadas. Según el estudio, contrariamente a la percepción pública, los retornos financieros de las concesiones de infraestructura privada han sido modestos. El retorno anual promedio sobre el capital empleado fue del 7 por ciento. Para varias concesiones, los retornos han sido inferiores al costo de capital. En promedio, las concesiones de telecomunicaciones y energía han tenido un desempeño mucho mejor que las concesiones de agua. Siete de cada 10 concesiones de agua tuvieron tasas de retorno negativas y dos concesiones tuvieron retornos inferiores al costo de capital de las empresas privadas. [88]
Los operadores privados de agua se presentan en formas muy diferentes, desde corporaciones multinacionales hasta pequeñas empresas. Según el Anuario del Agua de Pinsent Masons 2010-11, 909 millones de personas (el 13% de la población mundial) recibieron servicios de operadores privados. Las mayores compañías privadas de agua son:
Los operadores de agua doméstica tienen una fuerte presencia en Brasil, Colombia, China, Malasia y Filipinas.
Las empresas públicas de agua también participan a veces en licitaciones para contratos privados de agua. Por ejemplo, la empresa de agua estatal marroquí ONEP ganó una licitación en Camerún [89] y la empresa pública holandesa de agua Vitens ganó un contrato de gestión en Ghana .
Países y ciudades con participación del sector privado en el suministro de agua en 2013:
Países que en el pasado tuvieron participación del sector privado en el suministro de agua:
Las cifras se citan del 12.º Anuario anual del agua de Pinsent Masons.
{{cite book}}: |journal=ignorado ( ayuda ) , p. 168.
