Esta definición, elaborada por la organización Global Witness en 2007, es también utilizada por la ONU y otros organismos internacionales.
[4][5][6] La UNEP calcula que aproximadamente 4 de cada 10 conflictos intraestatales guardan relación con los recursos naturales, y que esta relación duplica el riesgo de una recaída del conflicto en los primeros cinco años.
En los últimos 30 años al menos 18 conflictos violentos han sido financiados por la explotación de recursos naturales.
Estos recursos acostumbran a tener una alta rentabilidad ya que pueden ser explotados sin una inversión alta en tecnología y conocimientos, y se pueden explotar en zonas con un bajo control gubernamental.
Consisten principalmente en recursos que se puedan saquear, que puedan extraerse y comercializarse con relativa rapidez, a bajo coste, y generalmente en condiciones informales, pero en otros casos consisten también en la explotación de recursos que requieren una inversión y una formación más altas como el petróleo o la mena de hierro, o incluso en recursos no saqueables como los bienes raíces.
No tienen porque ser recursos ilegales según la legislación internacional o nacional, de hecho muchas veces se comercian como productos legales en los mercados internacionales y las actividades económicas involucradas se consideran lícitas.
El comercio con grupos rebeldes se considera legal bajo la legislación internacional a menos que las Naciones Unidas hayan impuesto sanciones específicas.
Paul Collier describió tres componentes económicos que pueden aumentar la probabilidad de un conflicto: una renta baja, un crecimiento lento y el acceso a recursos naturales.
Este último está íntimamente relacionado con la capacidad de los actores del conflicto de acceder a los mercados internacionales, teniendo en cuenta que estos actores no siempre reconocen las fronteras Estatales.
También promovió el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados.
[25][36] La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) publicó en 2011 una guía de directrices sobre abastecimiento responsable para las empresas que operan en sus países miembros.