Ambas actuaciones se abordaron con ayudas estatales, financieras, fiscales y laborales; se crearon las ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y las ZID (Zonas Industrializadas en Declive).
De cara a la producción futura, las unidades industriales que se mantuvieran deberían adaptarse al nuevo ciclo tecnológico y al mercado, reorientándose en productos de mayor demanda, sin intentar competir en los sectores maduros, tanto pesados (siderurgia, construcción naval, minería) como ligeros (textil), con los menores costes laborales de los nuevos países industrializados; y aplicando nuevos sistemas de organización y gestión.
Estas medidas se tomaron en España en 1981 y supusieron recortes importantes en la capacidad productiva de las empresas de diversos sectores (naval, siderurgia, etc.), para lo que se intentó —sin éxito— canalizar la producción hacia otras nuevas ramas industriales con mejores expectativas.
Ello repercutió en la incapacidad de la economía española para hacer frente a la crisis del 92-93 y fue un incentivo para que la actividad económica se orientase en mayor medida a prácticas financieras, inmobiliarias y especulativas.
[3] Además se limitó la capacidad productiva de sectores como el lácteo, vid, olivo, entre otros.