Procesos de Memoria, Verdad y Justicia

El juicio tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a sus criminales.

Luego del juicio a las juntas militares y de los alzamientos "carapintada", se dictaron dos leyes (Ley de Punto Final y Ley de Obediencia Debida) que virtualmente detuvieron las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura.

[7]​ En 1989 y en 1990, Carlos Menem firmó una serie de decretos en los que indultaba a civiles y militares condenados por delitos durante la dictadura militar, mediante los que fueron liberadas más de 1.200 personas.

Entre los indultados se encontraban todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya, Basilio Lami Dozo, Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, Armando Lambruschini, Ramón Camps, Ovidio Riccheri, Norma Kennedy, Duilio Brunello, José Alfredo Martínez de Hoz y Guillermo Suárez Mason.

El «escrache» se instauró como una práctica social punitiva con valor de condena social frente a la ausencia de justicia a la que no se renuncia como organización; esto es, como un mecanismo en contra del bloque de impunidad instituido para desmentir y confrontar la «verdad y las formas jurídicas estatales» o los discursos que circulaban.

A esta etapa judicial las causas en investigación se denominaron “Juicios por la Verdad Histórica”.

En 2003, estas leyes fueron declaradas nula por el Congreso Nacional Argentino y cuando fueron declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2005, muchas de estas personas volvieron a ser enjuiciadas.