Leyes de impunidad (Argentina)
En su lugar, se estableció una Junta Militar de Gobierno, liderada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti.
Durante el mencionado periodo, se cometieron numerosas violaciones a los derechos humanos que fueron registrados por primera vez oficialmente en 1984, una vez reinstalada la democracia, en el informe Nunca más realizado por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).Antes de devolver el poder democrático, Reynaldo Bignone sancionaría la Ley 22 924, «Ley de Pacificación Nacional», en la cual los integrantes de las juntas militares se exoneraban de culpa y cargo por los delitos llevado a cabo en este proceso.
En 1983 el presidente Raúl Alfonsín ordenó enjuiciar a tres de las cuatro juntas militares que dirigieron la dictadura militar, en un proceso conocido como el Juicio a las Juntas, que finalizó en 1985 con la condena de varios jerarcas militares, en un caso con pocos antecedentes en la historia mundial, principalmente contra los demás militares, policías y civiles, involucrados en los delitos de lesa humanidad comprobados.
[2] En conjunto, esas normas han sido conocidas como las leyes de impunidad.
Dicha derogación fue la primera ley aprobada por el Congreso Argentino tras la restitución de la democracia en 1983.
Fijaba un plazo de treinta días, tras el cual caducaba el derecho a reclamar justicia.
Fue en su momento objeto de una viva y acalorada polémica.
Entre 50.000 y 60.000 personas se manifestaron en el centro de Buenos Aires como protesta contra la ley, entre ellos comunistas, peronistas.
Según el diario español El País fue la manifestación más multitudinaria desarrollada en la capital federal desde que se había recuperado la democracia tres años antes.
Su primera aplicación práctica ocurrió dos días después cuando la Procuración a cargo del radical Juan Octavio Gauna aceptó que la ley era aplicable a un grupo de oficiales que actuó bajo las órdenes del general Ramón Camps en la provincia de Buenos Aires, anulando su condena.
[11] Las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989–1990), son conocidas como leyes de impunidad.
En tanto en el senado la nulidad, empujada por el bloque del PJ y resistida por la UCR, supuso para los senadores un claro alineamiento con el presidente Néstor Kirchner, quien buscaba este resultado para habilitar el juzgamiento de militares en la Argentina y no en el exterior.
