En los primeros ocho artículos, el Tratado se incorpora Arauco dentro del territorio del Estado (definido desde Atacama hasta Chiloé) y se entrega a los mapuches la condición de ciudadanos chilenos, con el derecho de estos últimos de asistir a las escuelas públicas del Estado.
Y prohibiendo que algún chileno pueda habitar la zona controlada por los indígenas al sur de ese río, por constituir un peligro público para la tranquilidad y un evidente peligro para la paz, como queda estipulado en el Artículo 18.
[1] 1º Convencidos ambos jefes de las grandes ventajas de hacernos una sola familia, ya para oponernos a los enemigos de nuestro país, ya para aumentar y solidar el comercio, y hacer cesar del todo los males que han afligido a la República en catorce años de consecutiva guerra ha venido don Francisco Mariluán como autorizado por todos los Caciques en unirse en opinión y derechos a la gran familia chilena.
5º Promete toda su fuerza para repeler a los enemigos del Estado y del orden, cuando el Supremo Gobierno necesite valerse de ella, quedando éste, y sus porder-dantes, sujetos a las mismas obligaciones de los chilenos y a las leyes que dicte el Soberano Congreso Constituyente.
8º Queda obligado de ultra Biobío a entregar todo oficial o soldado enemigo y que casualmente se abrige en sus territorios, persiguiéndolos hasta su total exterminio, cuando no puedan haberse a las manos, cuyo cumplimiento será precisamente en el termino de quince días, contados desde la celebración de estos tratados.
Los Caciques Gobernadores nombrarán libremente para cada reducción un Capitán de amigos, y con él saldrán a sus negocios mercantiles, o de Estado, los que a su salida se entenderán con el lengua general, quien avisará al Comisario los asuntos que los conducen.
No obstante que la línea divisoria es el Biobío el Gobierno mantendrá en orden y fortificadas las plazas existentes, o arruinadas al otro lado de este río, como también a sus pobladores en los terrenos adyacentes del modo que antes lo estaban.
Se declaran por boquetes habilitados para el pase al otro y este Iado de la Cordillera los de Llaima, Lonquinay, Cuenco, Villucura, y Antuco; y por inhabilitados, todos los que desde el último hubiesen hasta el río Maule, y sujetos a la misma pena los que roben a este lado u otro de la Cordillera, o pasen sin el requisito del anterior artículo, 24.
Los correos que el Gobierno haga sobre Osorno, Valdivia, o Chiloé, serán respetados y auxiliados por los Caciques Gobernadores de reducción en reducción; y si algún atentado, que no es de esperar, se cometiere contra ellos, el Cacique en cuya tierra suceda el hecho sino lo castigase, será tratado como a reo de lesa patria, quedando el Gobierno con la misma obligación con sus Embajadores.
Si el Gobierno tubiese a bien mandar por tierra algunas tropas para guarnecer la plaza de Valdivia, estas harán su marcha sin impedimiento alguno, y si en ella necesitaren algunos víveres, los Caciques Gobernadores los facilitarán, los que con un recibo del Comandante en Jefe de ellos, se pagarán a dinero de contado por cuenta del Estado.
A pesar que se ha interesado el comisionado en la supresión de este artículo por no gravar al Fisco, no ha sido posible por instancias del Diputado don Francisco Mariluán como antigua costumbre.
A ruego de o final del Tratado El parlamento de Tapihue tuvo por objetivo poner término a los conflictos entre parcialidades mapuches y el Estado chileno, dar un marco institucional para llevar adelante las relaciones entre pueblos, y así también acabar con el apoyo indígena a las tropas realistas que aún desarrollaban acciones, en el marco de la guerra a muerte (1819-1832), al sur del Biobío.
Sin embargo, se ha cuestionado que el liderazgo del lonco Francisco Mariluán, limitado a 14 reducciones, habría representado a una fracción menor de la población mapuche, y por tanto difícilmente el tratado resultante podría haberse entendido como un acuerdo entre pueblos.
Este hecho habría gatillado que el Estado chileno se desentendiera prontamente de los términos del acuerdo.
[2] Desde el punto de vista de algunos abogados mapuches, se ha señalado que Tapihue seguiría siendo un tratado vigente, por lo que los tribunales del Estado chileno estarían inhabilitados jurídicamente en territorio mapuche.