Operación Garzón

La Operación Garzón[1]​ o Garzonada[2]​ fue una operación policial que consistió en la detención de 45 personas[n. 1]​ vinculadas al movimiento independentista catalán por presunta pertenencia a la organización terrorista Terra Lliure.

Este topo, llamado Josep Maria Aloy,[n. 2]​ Chema, supuestamente habría proporcionado la información a los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que les permitió desarrollar la operación.

Aloy recibió formación y ayuda técnica de Mikel Lejarza (alias Lobo), el agente que ya se había infiltrado en la organización armada ETA.

[cita requerida] Garzón confirmó la existencia de este topo en su libro autobiográfico Un mundo sin miedo.

[cita requerida] Las detenciones tuvieron lugar a varios puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Se registraron detenciones en Gerona, Bañolas, San Cugat del Vallés, Barcelona, Tarragona, Benicarló y Valencia.

[25]​ Aparte de estos detenidos, otras personas fueron encausadas y tuvieron que declarar, entre otros Carles Benítez, Carles Castellanos, Carme Porta, Narcís Sellas y Alfred Ferrer.

Los procesados fueron Josep Musté, Jaume Oliveras, David Martínez, Esteve Comellas, Jordi Bardina, Joan Antoni Rocamora, Francesc Puy, Ferran Ruiz, Josep Maria Granja, Francesc Tolosana, Marcel Dalmau, Xavier Ros, Xavier Puigdemont, Vicent Coll, Àngel Pitarch, Geroni Salvador, Josep Poveda, Ramón Piqué, Eduard López, Eduard Pomar, Artur Escútia, Vicent Conca Ferrús, Ramón López, Miquel Casals y Antoni Capdevila.

[cita requerida] En 1996, Musté y Rocamora, los últimos condenados que quedaban en la prisión, fueron liberados gracias a un indulto concedido por el Gobierno español.

6]​[33]​ Durante las primeras detenciones, 17[cita requerida] detenidos denunciaron torturas por parte de la Guardia Civil.

[35]​ Los forenses de la Audiencia Nacional adujeron que los traumatismos se debían a golpes fortuitos o autolesiones y que las lesiones no se correspondían con las lesiones típicas de los maltratos.

[36]​ Por este motivo, el juez Baltasar Garzón decidió no ordenar la investigación de las denuncias.

[41]​ En octubre del mismo año, quince de los detenidos iniciaron un proceso legal para denunciar estos hechos.

[42]​ Los demandantes fueron David Martínez, Esteve Comellas, Jordi Bardina, Eduard Pomar, Eduard López, Josep Poveda, Joan Rocamora, Jaume Oliveras, Xavier Ros, Carles Buenaventura, Guillem de Pallejà, Xavier Alemany, Josep Musté, Ramón López y Marcel Dalmau.

La sentencia ordenó abrir una investigación que fue encargada al Juzgado de Instrucción núm.

Contra esta segunda resolución los demandantes interpusieron un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que lo desestimó en 2000.