Movimiento Rescate Nacional

[54]​ Célimo Guido Cruz es un político costarricense que en las elecciones de 1998 fue elegido diputado por Alajuela por el Partido Fuerza Democrática.

[58]​[59]​[60]​ En dicha presentación, Célimo Guido afirmó que la salida a los problemas de Costa Rica era la organización, la propuesta y la confrontación.

[67]​[68]​[69]​ El acto fue condenado por el Gobierno y el sospechoso fue detenido días después en otra manifestación convocada por Rescate Nacional, mientras que José Miguel Corrales confirmó que había asumido su defensa legal, inicialmente mediante la presentación de un recurso de habeas corpus para que fuera puesto en libertad.

[70]​[71]​[72]​[73]​ El 11 de septiembre, Corrales anunció que se encontraban realizando giras por todo el país para "unir fuerzas" en defensa de las instituciones estatales que pretenden ser vendidas o concesionadas.

En otros puntos como Aguas Zarcas, Río Claro (puente sobre el río Lagarto), Paso Canoas y Limón se registraron agresiones e intimidaciones por parte de participantes en los bloqueos a trabajadores de distintos medios de comunicación, arrebatándoles sus dispositivos como celulares, cámaras e impidiéndoles filmar para hacer su trabajo.

[92]​ La noche del 4 de octubre en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Alvarado convocó a una mesa de diálogo nacional y anunció que la propuesta del Gobierno ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) sería retirada para que desde dicha negociación saliera una nueva y consensuada.

[93]​ A pesar de dicho retiro, los bloqueos no cesaron y más bien aumentaron.

[95]​ Para la tarde del 6 de octubre el Gobierno registraba 2112 personas con bloqueos totales en 53 puntos e intermitentes en otras 33 localidades.

Durante los operativos nuevamente se registraron hechos de violencia: 64 oficiales fueron heridos, patrullas y tráileres fueron incendiados, además que se reportaron nuevas agresiones contra miembros de la prensa.

Ese día también se registró en vídeo como manifestantes habían lanzado una bomba molotov contra oficiales antimotines en Quepos de Puntarenas, un acto que según el Código Penal costarricense es considerado un acto de terrorismo.

[109]​ Tras la renuncia de José Miguel Corrales los bloqueos decayeron en todo el país, sin embargo, los que se mantenían en las zonas rurales lo hacían con alta agresividad hacia la policía.

Para el 11 de octubre el Gobierno registraba solo cuatro bloqueos con 140 personas luego que en horas de la madrugada fueran intervenidos y liberados los bloqueos en Aguas Zarcas, Río San Carlos a la altura de Terrón Colorado, Altamira, Muelle, Chilamates, Horquetas en la Zona Norte; y Penshurst en Limón.

En esta última localidad cinco personas fueron detenidas por cobrar a los conductores por dejarlos atravesar el bloqueo y fueron decomisadas 20 bombas molotov.

[118]​ Tras varios minutos de enfrentamiento, los oficiales empezaron a lanzar gases lacrimógenos para dispersar la revuelta, la cual concluyó con 11 policías heridos, dos con golpes serios en la cabeza y uno con una fractura de rodilla; así como 28 manifestantes detenidos.

[128]​[129]​[130]​[131]​[132]​[133]​ Un día después la Sala entregó la sentencia completa en la cual hizo fuertes reproches al Movimiento Rescate Nacional a quienes señaló un "desconocimiento e irrespeto hacia la institucionalidad prevista por los Constituyentes" de 1949.

[134]​[135]​ La Sala recordó que los primeros artículos de la Constitución Política de Costa Rica sientan las bases de la institucionalidad: el primero establece que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural; el segundo establece que la Soberanía reside exclusivamente en la Nación; dado el carácter representativo del Gobierno (artículo 9), el pueblo delega la potestad de legislar en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio, y sus Diputados tienen ese carácter por la Nación y son elegidos por provincias (numeral 106).

[135]​ Finalmente, la Sala afirmó que usar medios no previstos por el ordenamiento jurídico, o prohibidos por él, como forma de incidir en las decisiones del país constituía un menoscabo al Gobierno electo popularmente, y un irrespeto al voto emitido constitucionalmente por la ciudadanía.

Tras la renuncia de José Miguel Corrales tras denunciar la infiltración del crimen organizado en los bloqueos, estos disminuyeron en una cantidad que hacía más sencillo al gobierno intervenir con la policía.

[169]​[169]​[170]​[171]​[172]​ Es un irrespeto a la Fuerza Pública, a los más de 120 policías y a la democracia misma, decir que fue una firma espuria la que levantó los bloqueos, cuando la realidad es que fue la acción hecha por las autoridades; unas mediante el diálogo y en otras por la acción policial y hay basta evidencia pública de ello.

Al día siguiente más actores políticos y empresariales cerraron filas con el Gobierno en el llamado al respeto de la institucionalidad y los canales formales de diálogo.

Los expresidentes de la República firmaron una carta en ese sentido,[173]​[174]​[175]​ a excepción del expresidente José María Figueres Olsen;[176]​[177]​[178]​ mientras que las diputadas Zoila Volio Pacheco (independiente) y María Vita Monge Granados (Partido Unidad Social Cristiana) presentaron una moción de "voto de confianza, en respaldo y el respeto a la institucionalidad democrática y a las vías institucionales del diálogo respetuoso y de consenso".

[186]​[187]​[188]​[189]​[190]​ Reiteramos que el diálogo es la legítima vía costarricense para construir y dar soluciones a los problemas que enfrentamos como sociedad producto de la crisis sanitaria, económica y social, provocada por la pandemia Covid 19.

Llamamos al diálogo transparente, apelando a la buena voluntad, a la responsabilidad de todos los sectores del país, que tienen una silla en la mesa multisectorial, para construir juntos un país mejor, más equitativo y con oportunidades para todos.