Masacre de Plan de Sánchez

Después de la masacre, el pueblo fue prácticamente abandonado por algunos años y a los sobrevivientes les fue dicho que se tomarían represalias si ellos hablaban sobre el incidente o revelaban la ubicación de las numerosas fosas comunes que habían ayudado a cavar.Varias acusaciones fueron archivadas con las autoridades en 1992 y, en 1993, una investigación criminal fue lanzada.De cualquier manera, haciendo frente a retrasos y otras irregularidades en los procedimientos, y obstruida por una Ley de Reconciliación Nacional que permitía amnistías a los perpetradores acusados, los sobrevivientes vieron que las ayudas legales de Guatemala no fueron efectivas en este caso, y consecuentemente decidieron presentar una queja con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 1996.La CIDH procesó la demanda, recibió un reconocimiento parcial de la responsabilidad institucional del presidente electo democráticamente Alfonso Portillo en el primer año de su mandato, y finalmente aludió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para juicio y arreglo final.En 2004, la Corte Interamericana decretó dos juicios, en los que se estableció la deuda de Guatemala en el caso y se solicitaron varias formas de compensación (monetarias, no monetarias y simbólicas) a los sobrevivientes y los parientes de los fallecidos.