Masacre de El Charco

En la zona habitan indígenas nu’saavi (mixtecos), me’ phaa (tlapanecos), nahuas y suljaa’ (amuzgos).

Dicha actividad desplegó en ese estado acciones de terrorismo de Estado conocidos como Guerra sucia en México, mismas que ha incluido delitos enmarcados en acciones de «contrainsurgencia» como masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, entre otros delitos cometidos por representantes del Estado Mexicano, por grupos paramilitares y milicias privadas.

El despliegue de efectivos militares no se había observado en la zona desde los años 70.

[10]​El ERPI había desplegado una estrategia de vinculación con la sociedad diferente a la del EPR consistente en aliarse con grupos sociales no clandestinos y grupos organizados en la zona de La Montaña.

Asimismo, se encontraban en esa reunión algunas personas provenientes de otras zonas del país, que participaban, en dicha consulta.

Ahí, según consta en la petición admitida por la CIDH, permanecieron arrestadas ilegalmente y torturadas por 24 horas mas, siendo interrogados por el Ministerio Público Militar que inició la averiguación previa IXRM/14/98.

[3]​ Cinco menores de edad estaban presentes al momento del ataque y cuatro de ellos trasladados al Albergue Tutelar para Menores Infractores en Chilpancingo.

Durante el proceso judicial, las familias de ambos detenidos sufrieron hostigamiento, acoso y persecución por sujetos no identificados.

Sabino Adelaido García permanece a la fecha en calidad de desaparecido.

[5]​Además de desplegarse nuevas instalaciones militares, de 1998 a 2004 se registraron 16 violaciones graves a derechos humanos en la zona incluyendo detenciones ilegales, interrogatorios, torturas, violaciones sexuales y ejecuciones extra judiciales.

[4]​ Ninguna instancia del Estado Mexicano ha investigado o sancionado a los funcionarios públicos participantes en la masacre.

[3]​ La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) indicó en las diligencias hechas por la CNDH que su actuar en el operativo fue lícita, al descubrir cuatro de sus elementos en un patrullaje a personas armadas en las puertas de la escuela y repeler una agresión armada.

[17]​ Las declaraciones hechas por los elementos castrenses a la CNDH son contradictorias, al indicar algunos soldados participantes en el operativo que fueron atacados con armas de fuego y otros que solo detectaron siluetas en la oscuridad de personas armadas en las puertas de la escuela.