Masacre de Ayacucho
[7] Al mes siguiente, la Policía Nacional del Perú perpetró la masacre de Juliaca.
[8] El departamento de Ayacucho es, desde años anteriores, un lugar que ha atravesado diversos conflictos violentos.
[14] La apodada «camarada Cusi» fue detenida días después, junto a la vicepresidenta del FREDEPA, por acusaciones de azuzar las protestas y financiarlas.
La organización mostró un posterior apoyó a las marchas denominadas Toma de Lima.
[20][21] A esta convocatoria, el FREDEPA anunció su participación,[22] convocando un paro en Ayacucho[23] y declarándose en insurgencia permanente.
[27] El teniente coronel Enrique Sampén Díaz quedó a cargo de la seguridad del aeropuerto.
El clímax llegó cuando los manifestantes intentaron tomar el aeropuerto de Ayacucho que se encontraba resguardado por el ejército,[35] atravesando el cementerio cercano a la zona.
El primer acto fue una quema de llantas en la reja este del aeropuerto.
(...) Yo ya hablé muchas veces, en todos los idiomas, por favor que no creen violencia.
Se reportó el uso de bombas lacrimógenas desde helicópteros por parte del ejército.
[52] Una civil, menciona que «toda la ciudad escuchó las balas más de dos horas».
[65] Se convocaron cacerolazos en la medianoche para rendir tributo a las víctimas.
[68][69] Aunque los enfrentamientos con el ejército continuaron durante la madrugada, durante la mañana los militares de la ciudad se disculparon con la población y se concentraron casi exclusivamente en el aeropuerto Alfredo Mendívil Duarte, que los manifestantes intentaron tomar por segunda vez, esta vez sin éxito.
[80] The New York Times escribió que el ejército disparó contra civiles desarmados «a menudo en aparente violación de sus propios protocolos, que estipulan el uso de fuerza razonable y proporcional al responder a disturbios civiles».
De ellos, el ejército peruano identificó a 2 capitanes, 12 sargentos, 9 suboficiales, 22 cabos y 7 soldados del servicio militar voluntario.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú emitió un pronunciamiento el 16 de diciembre donde informaban que una patrulla militar fue atacada por los manifestantes con revólveres y otros objetos, y que por lo tanto los militares solo se habrían defendido.
La patrulla atacada siguió el procedimiento legalmente establecido, aplicando estrictamente las normas sobre el uso de la fuerza actualmente vigentes.
[90] En enero de 2024, se condecoraron a los efectivos que habían participado en el controvertida masacre.
A pesar del conocimiento previo de la situación, el general Marco Marín, quien ejercía funciones como inspector de la IV División del Ejército, optó por omitir dicha información para permitir la correspondiente condecoración.
[92] La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) denunció el accionar de las Fuerzas Armadas peruanas, manifestando: En una entrevista con Democracy Now!, el experto en derechos humanos y sociólogo Eduardo González Cueva de The New School, afirmó Un grupo de 300 intelectuales y escritores condenó la violencia, escribiendo «La Policía Nacional del Perú, institución que ejerce los mismos protocolos represivos contra civiles desde la década de los ochenta, actúa impunemente contra derechos fundamentales, con especial ensañamiento contra manifestantes provenientes de sectores vulnerables, los Andes y la Amazonía» y rechazó a los grupos que ignoran a los ciudadanos vulnerables, afirmando que «El Estado y los poderes corporativos y mediáticos activamente ignoran los pronunciamientos de comunidades campesinas, gobiernos territoriales indígenas, gobiernos regionales, organizaciones y colectivos sociales a lo largo del país, buscando imponerse por la fuerza con un racismo, clasismo y centralismo repudiables».
y la Policía Nacional del Perú contra nuestra población, condenamos todo acto de vandalismo».
