La Ley sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía —conocida popularmente como «Ley Cholito»— es una normativa vigente en todo el territorio chileno que establece obligaciones y derechos a quienes poseen mascotas, vela por el bienestar animal, establece control sobre los animales abandonados, y regula la responsabilidad legal cuando ocurran ataques de mascotas.
Esto influencia en la redacción del Código Penal de Chile, donde se integra al maltrato animal como falta en 1874.
[8] Esta permanece como tal hasta 1989, cuando la Junta Militar deroga el numeral donde se encontraba esta indicación, integrando en el código penal el artículo 291 bis:[8]
[8] La abogada Macarena Montes describió que en Chile existen tres épocas legislativas animales.
[11] Jorge Arancibia y Carlos Ominami adhieren al proyecto de ley durante los siguientes días.
El proyecto no vuelve a ser discutido en cámara sino hasta 2011, integrando a la discusión, mediante oficios, la Corte Suprema, la Comisión de Salud y la Comisión de Hacienda del Senado.
El perro habría seguido vivo después de los golpes, pero su cuerpo fue movido hacia otro lugar.
[13] Sin embargo, esta defensa fue desmentida cuando apareció otro video en donde la pareja se ve durante una noche planificando el ataque.
[16] El caso del maltrato contra el perro Cholito generó una gran presión social sobre el proceso legislativo, llevando a acelerar el proceso de discusión del proyecto de ley que para ese entonces ya se encontraba en la comisión mixta.
[17] La ley posee los siguientes objetivos, y por lo tanto se encuentra habilitada para regular las siguientes materias: La lesgislación se encuentra divida en diez títulos, cada uno de los cuales contiene artículos de un mismo tópico.
En esa línea, los municipios han creado una serie de establecimientos veterinarios públicos para la atención de mascotas y fijando diferentes criterios para la atención y cobro por los servicios prestados, que van desde la gratuidad para todos los residentes de la comuna hasta un pago diferenciado por nivel socioeconómico acreditado ante el municipio.
Este título también indica que todas las municipalidades deberán dictar una ordenanza que indique y regule estas materias dentro de la administración comunal, siguiendo parámetros indicados en este título.
Estos deberán tener una superficie que permita el movimiento de los animales y evite su sufrimiento».
Se especifican multas entre 1 a 30 unidades de fomento para aquellos que contravengan tanto esta ley como sus reglamentos, o el doble si la persona es reincidente.
Además se indica que los gastos de tratamiento y cuidado del animal agredido serán pagados por el agresor.
Este título deja a disposición de las municipalidades celebrar contratos y convenios con organizaciones pública o privadas.
Además señala que los Juzgados de Policía Local tendrán competencias para tratar infracciones a esta ley.
Acá se introducen modificaciones al Código Penal, realizando ajustes a la ley para permitir tipificar la violencia contra los animales como un delito.
Como la ley no es retroactiva, los tres imputados por el crimen fueron juzgados con la legislación vigente durante el ataque.
[20] El reglamento de la ley señala que es obligatorio que todas las mascotas se encuentren registradas utilizando un chip subcutáneo; esto ha implicado un gasto adicional para las comunas y dueños de animales.