Juan José Aranguren
[6] En esta época Shell tuvo más de 800 clausuras por violar la normativa ambiental argentina.
La decisión se debió a la demanda de 140 habitantes del asentamiento conocido como «Villa Inflamable», en Dock Sud, ubicado frente la refinería de Shell, donde las napas subterráneas que abastecen al conurbano están contaminadas con metales pesados, como plomo puro.
[18][19][20] Entre 2006 y 2007 Shell fue sancionada con cincuenta multas por «insuficiente provisión de gasoil al mercado».
[24] En 2018, se filtró que era director de al menos dos empresas radicadas en una jurisdicción secreta, Shell Western Supply and Trading Limited, en Barbados, y Sol Antilles y Guianas Limited.
Varios fueron con empresas con vínculos con el macrismo como Central Puerto de la familia Caputo, la otra Pampa Energía de Marcelo Midlin testaferro del presidente que se constituyeron como las más grandes empresas del sector energético a través de estructuras locales que tienen terminales en off shore en otros países.
Las tasas de rentabilidad para fichas empresas privadas ligadas al gobierno que se firmaron durante el macrismo son del 85% y 95%, casi una ganancia 100% en dólares anual perjudicando a los consumidores.
[37] Investigadores, organizaciones de consumidores, diversos especialistas, el Entre Regulador y los gobiernos de los territorios en los que actúan, han cuestionado a las empresas eléctricas privatizadas por destinar a la inversión fondos insuficientes para alcanzar los estándares comprometidos en las concesiones.
[52] Tras su salida criticaría varios aspectos de las políticas energéticas del macrismo, considerando las erráticas.
[55][56][57][8][58] Finalmente, en 2024, la justicia archivó la causa por considerar que no existían elementos de convicción suficientes.
[65] Sin embargo, tal como recordaría al año siguiente la diputada Graciela Camaño, para estos casos la ley prohíbe ser proveedor o funcionario de una empresa proveedora del Estado en los tres años previos y hasta tres años después del ejercicio de su función pública.
[68] Aranguren explicó su motivo para realizar esa compra, diciendo que Bolivia no tenía más gas para exportar.
[72] Aranguren fue imputado en 2014, por llevar adelante negociaciones fingidas tendientes a depreciar la moneda nacional.
Aranguren fue imputado penalmente por el delito de negociaciones fingidas tendientes a devaluar la moneda nacional, sin embargo no logró probarse que actuó en connivencia con la dirección de otros bancos, y finalmente, en 2016 fue sobreseído por la justicia.
Según la denuncia, incurrió en el delito de "resistencia y desobediencia a funcionario público".
La investigación sobre los funcionarios surgió a raíz de la maniobra para intentar privatizar vía decreto centrales estatales.
