[2]​ Estudió abogacía en la Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA), graduándose en 1994.

En cuanto a su vida personal, está casado y tiene tres hijos.

[13]​ Los jueces nombrados en comisión por el Poder Ejecutivo asumen sus funciones antes de recibir el acuerdo del Senado y ejercen el cargo en esa condición hasta el inicio del siguiente periodo legislativo, cuando sus nombramientos expiran a menos que sean convalidados por el Senado, según el artículo 99, inciso 19, de la Constitución.

[20]​[21]​ Rosatti asumió en junio de 2016 y Rosenkrantz en agosto del mismo año.

[26]​ También se ha criticado el avance sobre la autonomía universitaria al proponer que la habilitaciones para ejercer como abogado sean acreditadas desde un ente formado por el poder Ejecutivo transfiriendo esa facultad que estaba reservada a las universidades.

El proyecto incluso pretendía hacer desaparecer todas las direcciones, unidades y procuradurías, que actualmente componen la actividad de la Procuración: Derechos Humanos, Lavado de activos, Violencia contra la Mujer, Seguridad Social, Ciberdelincuencia, Narcocriminalidad, Violencia institucional y los llamados Atajo, que atienden zonas de alta vulnerabilidad.

[34]​ Germán Garavano es autor de:[2]​ En coautoría con Diego Gorgal y Eugenio Burzaco: Garavano, cuando se desempeñó como fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, recibió críticas por los fondos y gastos del poder judicial de la ciudad, además del incremento del personal del Ministerio Público Fiscal (500 personas en cinco años) y viajes realizados para participar en eventos, actividades, conferencias, entre otros.

En 2012, se habrían gastado 70 mil dólares en un viaje para una capacitación sobre tercera edad.

[44]​[45]​[46]​ El ministro declaró que la reunión no fue reservada y que el mismo día de la reunión Pando se cruzó en la sede del ministerio con representantes de organizaciones de derechos humanos; asimismo desmintió una afirmación del diario Página 12 que le atribuía la intención de modificar la Ley del arrepentido[46]​[47]​ y aclaró había respondido a Pando que debía dirigir su planteo al Poder Judicial.

[44]​ A su vez, Pando dijo que había mantenido reuniones por el mismo reclamo con el gobierno anterior.

[53]​ El pedido de juicio político fue firmado por diputados de la Coalición Cívica, entre ellos Paula Oliveto, Marcela Campagnoli, Juan Manuel López, Javier Campos, Héctor "Toty" Flores, María Lucila Lehmann, Leonor María Martínez Villada, Alicia Terada y Orieta Cecilia Vera González.

[55]​ Según Elisa Carrió, estas palabras implicaban una grave intervención en el Poder Judicial y vulnera la división de poderes.

[61]​ El escrito además denuncia que José Console, abogado representante del Estado en la causa AMIA, también es secretario del Tribunal de Disciplina de Boca Juniors[57]​ y, por lo tanto, está vinculado al presidente del club, Daniel Angelici, a quien Carrió acusó en reiteradas ocasiones de influir sobre la Justicia.

Para Daniel Lipovetzky, el pedido “no tiene fundamento”,[67]​ mientras que Pablo Tonelli lo calificó de "una exageración".

"[73]​ En 2017 fue denunciado junto a Laura Alonso por el diputado del Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade por "negociar impunidad" con Odebrecht basado en que ambos funcionarios se habían reunido a espaldas de la Justicia con la empresa que pagó coimas en diferentes países.

El fiscal Federico Delgado no dio curso a la denuncia y las partes acordaron que Tailhade realice una declaración pública retractándose.

[76]​[77]​ El abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, Jorge Colvis, del Instituto Sampay, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Graciela Rosenblum y José Schulman habían afirmado que se había producido la desaparición forzada de Maldonado y acusaron a Germán Garavano y a otros funcionarios por encubrimiento de ese delito, declarado después inexistente por la justicia.