[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​ A través del decreto número 226/2015, se modificaron dos artículos del decreto 102/99 firmado por el expresidente Fernando De la Rúa, eliminando la obligatoriedad de ser abogado para ocupar el cargo y estableciendo como requisito «tener título universitario, sólida formación académica, antecedentes profesionales calificados en derecho, ciencias sociales o economía y una reconocida trayectoria democrática y republicana».

[25]​ En 2017 se conoció que la titular de la oficina, Laura Alonso incrementó en un solo año su patrimonio en 160 % mientras estaba al frente del organismo y se encuentra tercera en el ranking de funcionarios del Gobierno con mayor crecimiento patrimonial.

[44]​ Al año siguiente la Oficina Anticorrupción les dio más tiempo a los funcionarios para presentar sus declaraciones juradas.

[48]​ Ese mismo año, el abogado y dirigente social Juan Grabois presentó una denuncia contra la OA y su titular por un supuesto direccionamiento de las denuncias que radicó en la Justicia federal, contra opositores al gobierno de Mauricio Macri.

[61]​ Durante su gestión Laura Alonso defendió el uso del helicóptero presidencial por parte de la primera dama Juliana Awada para viajes personales a Uruguay.

La revelación se dio a conocer cuando el diario uruguayo El País reveló que Mauricio Macri envió el helicóptero oficial para buscar a su esposa Juliana Awada y su hija Antonia que volvían de vacaciones en Punta del Este.

[47]​ Al respecto Laura Alonso defendió a Macri argumentando que constituir sociedad en paraíso fiscal no es delito en sí mismo.

[71]​[72]​ En esta causa también se encuentran denunciados el entonces presidente Mauricio Macri y el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.

Los funcionarios mantuvieron reuniones con la empresa y criticaron al Ministerio Público, que acordó el traspaso de información confidencial con Brasil para investigar a todos los argentinos involucrados en el Lava Jato.

Ante el descubrimiento del negociado se le dio aviso a la Oficina Anticorrupción y a Laura Alonso, alertando de la situación irregular para que frenara la compra irregular de gas e impidiera los negociados.

Sin embargo, Alonso no inició ninguna investigación pese a haber sido advertida de la maniobra.

[86]​[87]​ En diciembre de 2019 fue procesada por el juez federal Luis Rodríguez por encubrimiento agravado, en la causa que investiga si Aranguren benefició a Shell como ministro mientras aún tenía acciones en la petrolera.