[7] Por su parte, Silvana Martínez, la abogada experta en sociedades y exfuncionaria de la Inspección General de Justicia (IGJ), atestiguó ante el juez Sebastián Casanello que “la IGJ no inscribe desde el año 2003 sociedades off-shore” y que solo deben inscribirse en Argentina si van a desarrollar negocios en el país.
Agregó que los accionistas deberían declararlas en la Administración Fiscal de Ingresos Públicos (AFIP), el organismo encargado de la recaudación impositiva, en la medida que reciban dividendos como accionistas u honorarios o remuneraciones como directores.
[11][12][13] El 7 de abril, el fiscal Federico Delgado decidió impulsar la imputación penal contra el presidente Mauricio Macri por presunta "omisión maliciosa" en su declaración jurada, a raíz de la denuncia realizada por el diputado del Frente para la Victoria Darío Martínez que se basa en los documentos filtrados.
[22] Mientras escribía su fallo el juez Fraga concursaba para su ascenso, su expediente estuvo congelado durante meses, pero luego de desligar a Macri su expediente reactivó y quedó en manos de Pablo Tonelli, diputado PRO.
[29] En abril de 2021 Grindetti todavía no había sido citado a declarar en la causa.
[42] En tanto la vicepresidenta argentina defendió al presidente implicado, autocalificándose como «talibán de la transparencia».