El general Ignacio de Veintemilla había llegado al poder político después de liderar -conjuntamente con los expresidentes liberales José María Urbina y Francisco Robles- la revolución que finalizó con el derrocamiento y destierro del presidente Antonio Borrero (1875-1876) en 1876.

Su gobierno estuvo caracterizado por las continuas purgas políticas: Se realizaron asesinatos de personajes que podrían desestabilizar al régimen (José Ignacio Checa y Barba, Vicente Piedrahíta); o se recurrió al destierro (Rafael Carvajal, Secundino Darquea, Juan Montalvo) o la flagelación (Miguel Valverde) de opositores políticos.

[1]​ Entre 1880 y 1881 se produjo un boom del cacao, lo que trajo gran afluencia económica al gobierno.

[2]​ La oposición a un autogolpe de Estado militar produjo un severo descontento en la población civil y en los círculos militares no afines al régimen.

Pocos días después, sin haber hecho un solo tiro, entró en arreglos con el jefe contrario, le entregó todas las armas y disolvió su ejército.

En la ciudad de Ambato se unió a las fuerzas del general José María Sarasti.

Mientras tanto las fuerzas conservadoras y liberales decidieron realizar un ataque combinado para lograr la expulsión de Veintemilla del país.

El dictador Veintemilla -tras depositar sus vales por sueldos que sumaban 120.000 pesos, tomó dicha cantidad de dos bancos- abandonó el país por el río Guayas a bordo del vapor Santa Lucía.

Las organizaciones masónicas establecidas en el territorio ecuatoriano, abandonaron el país, quedando entonces vacante el Ecuador, hasta que en 1897 fueron restablecidos por el gobierno de Eloy Alfaro (1897-1901).