El proyecto reservaba a la futura región autónoma las relaciones con la Iglesia católica, pues asumía la posibilidad de celebrar un Concordato con la Santa Sede.
Socialistas, los distintos partidos republicanos y carlistas también lo apoyaban, aunque todos con sus propias reservas.
[1] A raíz de la asamblea, el bloque navarro negoció la incorporación del PNV.
No se llegó a la votación por considerar algunos que los textos merecían más detenido estudio.
El rechazo al Estatuto forzó al reinicio del proceso autonómico, el cual, de acuerdo con la legislación aprobada por las Cortes Españolas, debía ser dirigido por las gestoras de las diputaciones provinciales.
El nuevo documento no fue apoyado por los carlistas, aunque su dirección declaró que sus miembros deberían votar según su conciencia individual.
En este tiempo las contradicciones internas en Navarra se fueron poniendo de manifiesto en todos los partidos.
Otros sectores derechistas, como los representados por Rafael Aizpún y Miguel Gortari, que posteriormente fundarían y dirigirían el grupo cedista Unión Navarra, apoyaban el estatuto, aunque con reticencias.
También había división en Acción Republicana (donde Mariano Ansó apoyaba el estatuto) y mayor aún en el Partido Republicano Radical Socialista donde la postura de Emilio Azarola llevó a la dimisión y baja de significados representantes.
Incluso si, como documentó en 1977 Jimeno Jurío, existieron coacciones y votos opuestos que iban en contra del mandato favorable otorgado por algunos ayuntamientos (se produjeron reclamaciones denunciando la ilegalidad y nulidad de procedimienteos y resultados, que no fueron atendidas, dándose el resultado que se dio por definitivo), el rechazo del Estatuto era fruto de la falta de entusiasmo del carlismo, una vez que se excluía la cuestión religiosa y de la división que causaba el Estatuto conjunto tanto entre las derechas como en las izquierdas (en general, la Ribera se había pronunciado en contra del Estatuto).