Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos, que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens AG reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho.
A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.
En 1991 el gobierno del presidente Menem había llegado a un preacuerdo con la empresa estatal francesa Sofremi para adjudicarle en forma directa la confección de los DNI pero ante los muchos cuestionamientos al procedimiento desistió de concretar el contrato y dispuso un llamado a licitación.
El juez Garzón Funes suspendió la licitación con el argumento de que ambas atribuciones eran funciones exclusivas del Estado Nacional, por lo que delegarlas en empresas privadas suponía un riesgo para la seguridad nacional pero su decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones.
[1] Los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero sospechaban que la licitación había sido preparada a medida para que la ganara el empresario Alfredo Yabrán pero, según ellos afirman, el desprestigio que lo envolvió al ser involucrado en el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas obligó al gobierno a modificar su estrategia.
En cuanto al precio del DNI, el preacuerdo de 1991 con la empresa estatal francesa Sofremi preveía cobrar siete dólares en tanto que en la licitación que ganó Siemens el precio máximo era de veinticinco dólares por documento, más el impuesto al Valor Agregado (IVA) y finalmente se le adjudicó en 30 dólares incluyendo el IVA y la distribución domiciliaria.
[6] Hubo una sorpresa generalizada cuando en enero de 1998 se conoció que en la evaluación técnica realizada por el gobierno el puntaje adjudicado al grupo Itron (Franco Macri) (70%) - SHL Systemhouse Inc.
Esto colocaba a Siemens como virtual ganador porque como el aspecto evaluado representaba el 75% del resultado final, el otro grupo debería presentar una oferta económica 5 o 6 pesos menor a la de su competidor alemán para revertir las posiciones.
era indispensable acceder a la "estructura de costos" del contrato para conocer cuál podía ser la contribución requerible a la concesionaria y verificar que estuviera haciendo el esfuerzo que requería la ley.
[4] La principal impugnación podía resumirse entonces en un silogismo: la renegociación requería un esfuerzo compartido, Siemens no proporcionaba la información indispensable para verificar si lo había realizado, por lo tanto la renegociación no podía ser aprobada.
[11] Tanto Menem como Corach negaron los cargos y exigieron pruebas de las acusaciones.
Aparentemente algunos de los importes consignados están comprendidos dentro de otros también mencionados: En los pagos intervinieron un miembro del directorio ejecutivo central en Alemania y su máximo ejecutivo en la Argentina (su CEO) y su máximo referente financiero en el país (CFO), cuyos nombres no proporcionaron la SEC ni Siemens pero que, según la información periodística serían: Uriel Sharef, Mathias Kleinhempel y Marcelo Etcharrán, quienes en 2003 se reunieron en Estados Unidos con "el principal intermediario para negociar los términos del pago", que de acuerdo con los datos aportados un día antes por el Departamento de Justicia podría ser el empresario Carlos Sergi.
[14] Posteriormente la empresa inició un proceso de arbitraje para recuperar sus costes y beneficios esperados del contrato cancelado, y pagó más sobornos para ocultar las pruebas de cómo logró el contrato original.
Siemens también dijo que pagó "seis millones de dólares en sobornos adicionales a funcionarios del nuevo gobierno argentino.
El periodista Alberto Amato recordó que la empresa alemana tiene contratos vigentes con el gobierno argentino y que "para no perder sus millonarios contratos actuales con Estados Unidos, Siemens admitió haber pagado esas coimas en la Argentina.
Y si bien no involucró a los gobiernos posteriores al 2001, también aseguró haber seguido pagando en la Argentina hasta 2007.
A quiénes pagó Siemens; por qué, si el contrato de los DNI estaba rescindido desde mayo de 2001; y por cuáles "servicios" siguió invirtiendo dinero sucio en Buenos Aires, es un misterio que sólo Siemens puede revelar.
[16] Según la SEC, Siemens reconoció haber pagado sobornos a funcionarios extranjeros en conexión con al menos 290 proyectos o ventas individuales en Venezuela, China, Israel, Bangladés, Nigeria, la Argentina, Vietnam, Rusia y México.
En su momento se mencionó públicamente el problema con Siemens como una de las razones que llevaron a Alemania a mantener una posición dura respecto de la Argentina en el Fondo Monetario Internacional (FMI).