Enfrentamientos entre el Frente 22 de las FARC-EP y los paramilitares

Fue así que se conformó su Comando Conjunto Occidental, comandado por Carlos Osorio Velásquez, alias Marco Aurelio Buendía, quien había iniciado su accionar en La Uribe (Meta) 18 años atrás.

La guerrilla envió grupos de cinco o seis guerrilleros, que para no ser detectados llegaban discretamente.

Mensualmente entregaba 500 millones de pesos aproximadamente, que obtenían producto del secuestro y el robo.

En mayo el Ejército dio muerte a diez guerrilleros, entre ellos dos menores de edad, desmantelando un campamento.

Además fue allada una fosa común con el cadáver de una mujer que al parecer había sido plagiada un mes atrás.

La columna Esteban Ramírez del Frente 22, robó en dos oportunidades la Caja Agraria de La Palma.

Este hecho fue aprovechado por el Frente 22 de las FARC-EP para ampliar su presencia en la zona.

En 1994, sin embargo, Arnubio Triana Botalón, hizo un acuerdo con otros dos grupos paramilitares para defender al Magdalena Medio, Boyacá y Cundinamarca de la guerrilla.

En este contexto, Luis Eduardo Cifuentes, alias El Águila, puso bajo su mando a Zipaquirá, Pacho, Llano Mateo, La Palma, Topaipí, Caparrapí y Yacopí, con este último pueblo como sede de su grupo.

El Águila instauró una acuerdo de no agresión con las FARC-EP, sin embargo la guerra entre los dos bandos se inició cuando la guerrilla asesinó a doce paramilitares en Caparrapí.

Además, obtuvieron recursos producto de la extorsión, las contribuciones voluntarias y la protección a los narcotraficantes.

A mediados de los noventa hubo cuatro masacres en la zona: en Topaipí con cinco víctimas en 1994; en La Palma 14 personas asesinadas en el 1995; Yacopí 5 muertos y 4 asesinatos por parte de las FARC-EP en La Peña en 1998.

En las tres primeras masacres no se identificó al autor de los hechos.

Con esa columna Rumba adelantó acciones en las poblaciones de Albán, El Peñón, Nimaima, Nocaima, Pacho, Paime, Puerto Salgar, San Cayetano, Topaipí, Utica y Villeta.

Un mes después, en la vereda Llanocuesta de Pacho fue abatido José Abel Luengas alias Pablo Morillo, comandante del frente Policarpa Salavarrieta.

Minutos después, en el misma sector, cayeron Javier Gutiérrez, alias JJ, comandante de la columna Esteban Ramírez y Gustavo Lasso Céspedes, alias El Gato, segundo comandante de esa cuadrilla.

Entre los crímenes cometidos por los diferentes bandos se incluyeron torturas como asfixia y desmembramiento con motosierras.

Los paramilitares la apuñalaron en los órganos sexuales, y la violaron porque, según ellos, “tenía una relación sentimental con un guerrillero”.

En un retén instalado en Paime por alias ‘Diego Tucán’, jefe guerrillero de la zona.

Tras asesinarlo, colocaron un letrero a su cuerpo que decía “por sapo y por ser funcionario público”.

El 80 por ciento de ellas no recibieron diligencia procesal y tuvieron que ser inhumadas en el mismo lugar donde resultaron muertas, ya que sus cadáveres no fueron levantados debido la dificultad de las autoridades para ingresar a la zona rural.

Así mismo, 4 mil personas, huyeron de sus tierras por temor a ser asesinadas.

Poco antes de la media noche a la zona ya habían llegado varios batallones del ejército.

En un cambuche oculto entre matorrales estaban monseñor Jiménez y el padre Orjuela, custodiados por siete guerrilleros.

En cuestión de segundos las tropas del ejército se tomaron el campamento.

De igual manera las FARC anuncio más combates contra fuerzas paramilitares.

Además, los tres bloques combatían a los guerrilleros, pero convivían amistosamente en lo que el negocio se refiere, sobre todo en aquellas zonas donde las FARC-EP superaban su fuerza militar.

Por estos hechos, el Tribunal les ordenó a El Águila y a otros cuatro miembros del bloque Cundinamarca, pedir perdón en un acto público “en uno o varios municipios en los cuales se encuentre un alto porcentaje de las víctimas o en el lugar reconocido por ellas como escenario de vulneración a sus derechos”.

El centro atiende a las víctimas de los municipios de El Peñón, Caparrapí, Útica, La Peña, Pacho, Paime, La Palma, Yacopí y Topaipí que representan aproximadamente 14.700 víctimas.

Gonzalo Rodríguez Gacha en los años 1980.
Centro regional de atención a víctimas de La Palma.