Defensor de los ciudadanos

Este emperador hizo obligatorio su ejercicio, amplió sus competencias y le asignó la última instancia para aquellos asuntos de un importe inferior a los 300 sólidos.[6]​ También le dio poder para arrestar a los acusados de cualquier crimen y enviarlos al gobernador provincial.[9]​ No sería hasta el gobierno de Justiniano cuando se le confirió cierto poder coercitivo y la capacidad de utilizar una tortura ligera en los interrogatorios pero sin olvidar nunca que «para las personas comunes debía ser visto como un protector y no como un verdugo».[1]​ Desde su inicio, protocolizaba (ponía por escrito) cualquier demanda o queja que se le presentaba y si la veía fundada y entraba dentro de sus atribuciones, la resolvía él mismo o por el contrario, la dirigía a la autoridad que consideraba competente para ello.[1]​ Como no era infrecuente que parte del archivo se perdiese tras su muerte, Justiniano dotó al cargo de un local público donde pudieron permanecer todos los documentos y facilitarse, así, su posterior consulta.