El 12 de junio de 2012 la juez que lleva el caso inició los trámites para imputar al antiguo conseller Rafael Blasco, que en ese momento era el portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas, y que por ese motivo fue apartado temporalmente de su cargo.
El resto la "Fundación Cyes" lo utilizó para comprar dos entresuelos y dos garajes en la ciudad de Valencia.
[1] Ese mismo mes la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà presenta una nueva denuncia ante la fiscalía en la que describe una trama dirigida desde la Fundación Hemisferio (entonces denominada Entre Pueblos, nombre que tuvo que cambiar porque usurpaba el de una veterana ONG) compuesta por empresas y ONGs para apropiarse de las ayudas a la cooperación que concedía la "consellería" de Rafael Blasco.
Esta trama desviaba las ayudas otorgadas por la Generalidad Valenciana, presidida entonces por el popular Francisco Camps, a cuentas privadas en España y en Estados Unidos.
El presunto cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, ingresa en prisión y los otros trece imputados son puestos en libertad con medidas cautelares.
En los meses siguientes se producen más detenciones y el número de imputados el 7 de junio ya asciende a 27 (entre ellos seis altos cargos de la administración autonómica valenciana y varios empresarios que falsificaron facturas para recibir el dinero por trabajos y servicios que no habían realizado).
Al conocerse la noticia el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, que hasta entonces le había mostrado su apoyo, decidió apartarlo temporalmente de sus funciones de portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas.
Al conocerse la imputación, Blasco renunció a su puesto de portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas, aunque afirmó que iba a seguir en su escaño, lo que levantó las críticas de la oposición, que destacó que con Blasco ya eran diez los diputados del Grupo Popular —que cuenta con 55 diputados en la Cámara— imputados en el Tribunal Superior de Justicia por su implicación en tres grandes tramas de corrupción: los casos Gürtel, Brugal y Cooperación.
Unos días antes el Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunidad Valenciana había decidido suspender cautelarmente de militancia al exconsejero y exportavoz parlamentario, tras unas declaraciones en televisión en las que criticaba al presidente del partido y jefe del Consell, Alberto Fabra.
[9] Al conocerse la decisión de Blasco el portavoz del Consell José Ciscar afirmó: "Ha mediado la reflexión.
Se juzgaba la pieza 5 del caso Blasco que trataba de los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a las dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.