En la etapa inmediatamente posterior a finalizar sus estudios universitarios de Derecho había accedido por oposición a una plaza de interventor de la Administración Local, pero su primera militancia, todavía bajo el franquismo, le llevó a prisión en varias ocasiones, siendo detenido en junio de 1976 por ser considerado "máximo responsable del PCE(ml) - FRAP" en Cataluña.

El presidente Lerma lo destituyó de su cargo, pero la invalidación de unas grabaciones telefónicas, presuntamente incriminatorias, le permitió a Blasco salir absuelto.

Durante ese tiempo fue cuando tiene lugar el "caso de la cooperación".

Al conocerse la noticia, el presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y presidente de la Generalidad Valenciana, Alberto Fabra, que hasta entonces le había mostrado su apoyo, decidió apartarlo temporalmente de sus funciones de portavoz del grupo popular en las Cortes Valencianas.

Al conocerse la imputación, Blasco renunció a su puesto de portavoz parlamentario del Partido Popular en las Cortes Valencianas, aunque afirmó que iba a seguir en su escaño.

La entrega del informe se produjo presuntamente en el pleno de las Cortes Valencianas del 21 de noviembre, durante el cual Vela pasó a las bancadas superiores del PP dos sobres, uno de ellos para Blasco, quien leyó los papeles en su escaño, como recogieron fotografías publicadas primero por el diario Levante-EMV y las cámaras de las Cortes.

Unos días antes, el Comité de Derechos y Garantías del PP de la Comunidad Valenciana había decidido suspender cautelarmente de militancia al exconsejero y exportavoz parlamentario, tras unas declaraciones en televisión en las que criticaba al presidente del partido y jefe del Consell, Alberto Fabra.

[8]​ Al conocerse la decisión de Blasco el portavoz del Consell José Ciscar afirmó: "Ha mediado la reflexión.

Se juzgaba la pieza 5 del caso Blasco que trataba de los contratos informáticos que la Conselleria de Inmigración y Solidaridad adjudicó a las dos multinacionales que luego subcontrataron los trabajos a las firmas pantalla del presunto testaferro del exconseller, el empresario Augusto César Tauroni.