La petición fundamental de Nicaragua fue que la Corte declarase ilegales todas las actividades encubiertas patrocinadas por el gobierno de los Estados Unidos para contribuir al derrocamiento del gobierno nicaragüense.
Por el principio básico de igualdad entre las partes, la Corte debía asegurar que Estados Unidos no se beneficiara con su incomparecencia.
[9] La administración del presidente Ronald Reagan alegaba que la Corte simplemente no estaba equipada para líder con este caso y su naturaleza que incluye hechos complejos e información de inteligencia.
Charles E. Redman un portavoz del Departamento del Estado dijo “Consideramos que nuestras políticas en Centro América son completamente consistentes con la ley internacional”, de igual manera el representante declaró que parecía como si la Corte hubiera basado su opinión en “la versión incompleta e inexacta (de los hechos) presentada por Nicaragua”.
Los Estados Unidos no presentaron ninguna evidencia o argumentos ante la corte después de que decidieron desconocer su jurisdicción.
[10] El Gobierno de Estados Unidos arguyó que la Corte no tenía jurisdicción.
En la actualidad (2023), Estados Unidos sigue sin reconocer la sentencia impuesta por la Corte Internacional de Justicia.
Sin embargo, Estados Unidos decidió no dar cumplimiento al fallo.
Aunque no fue aprobada porque los Estados Unidos ejercieron el derecho de veto.
Lo anterior es muy controvertido jurídicamente porque ya se perdonó la deuda por el gobierno de la presidenta Violeta Barrios.