Su necesidad de proporcionar una justificación liberal para la práctica del derecho penal lo condujo asimismo a la filosofía moral y al desarrollo de una teoría "consensual" original sobre el castigo.
En este último campo siguió profundizando con un volumen separado, El constructivismo ético (1989), donde se acercaba al Constructivismo procurando derivar sus principios éticos fundamentales de las presuposiciones del discurso moral, de una forma que lo puso, dijo, "entre Rawls y Habermas".
Propuso un acercamiento similar el americano: el reconocimiento previo del gradualismo a los fetos solamente cuando demostraran las capacidades cognoscitivas y afectivas necesarias para considerarlas personas morales.
En 1988, junto a otros juristas como Eugenio Bulygin, Eduardo Rabossi, Martín Farrell, Ricardo Gil Lavedra, y Genaro Carrió, fundó el Centro de Estudios Institucionales del que fue su primer Vicepresidente ejecutivo.
En trabajos póstumos desarrollaba su "justificación epistémica" de la democracia deliberativa, discutiendo que la deliberación democrática proporciona razones mejores para creer en la validez de las normas morales que la reflexión individual.