O sea, fue más un pretexto para implementar medidas defendidas por los militares desde julio de 1968.
Sin embargo, el Poder Judicial también se subordinaba al Ejecutivo, pues los actos ejecutados en consonancia con el AI-5 y sus Actos Complementarios estaban exentos de cualquier intervención judicial (artículo 11.º).
El Presidente de la República podía decretar la intervención en los estados o municipios "sin las limitaciones previstas en la Constitución" (artículo 3º).
[4] Por el artículo 5°, la suspensión de los derechos políticos significaba: Sin embargo, "otras restricciones o prohibiciones al ejercicio de cualesquiera otros derechos públicos o privados podrían ser establecidas a discreción del Ejecutivo".
Entre los subscriptores del manifiesto estaban los siguientes nombres: Gilberto Marino, Milton Campos, Carvalho Pinto, Eurico Resende, Manuel Cordero Vilaça, Wilson Gonçalves, Aluísio Lopes de Carvalho Hijo, Antônio Konder Reyes, Ney Braga, Rui Palmeira, Teotônio Vilela, José Cândido Ferraz, Leandro Maciel, Vitorino Freire, Arnon de Melo, Clodomir Millet, José Guiomard, Valdemar Alcântara y Júlio Leche.