En general la pensión se entiende como un seguro social frente a los riesgos laborales (desempleo, accidente de trabajo, enfermedad, seguro médico, invalidez...) o contra la vejez (jubilación) u otras circunstancias sobrevenidas que generan dependencia como la discapacidad, viudez, orfandad u otras.
[8] Los criterios básicos en los sistemas públicos de pensiones son el reparto, la equidad intergeneracional e intrageneracional y la universalidad.
[3] Según el país, el importe que cobrará la persona trabajadora por pensión de jubilación dependerá de la edad a la que decida jubilarse total o parcialmente.
[11] Un individuo particular, ya sea trabajador asalariado, autónomo, o incluso aunque no trabaje, puede suscribir un plan de pensiones privado que, después de hacer pagos periódicos durante un tiempo, le dará derecho a recibir una pensión.
En los Estados Unidos los planes de media final (final average plans) en los que el salario de los tres o cinco últimos años del empleado es el que determina la pensión.
Las fórmulas pueden integrar también servicios de seguridad social y ofrecer incentivos para una jubilación anticipada o para continuar trabajando.
El "coste" de una contribución definida se calcula pero el beneficio de un plan depende del dinero que se haya acumulado (por cotizaciones más rentabilidad, que puede ser positiva o negativa, según los ciclos económicos y el acierto o desacierto de los gestores) en el momento en el que el empleado quiera utilizar sus fondos.
El primer país (1889) con un sistema público de pensiones fue Alemania (en realidad Prusia)[13] y el siguiente, Estados Unidos.
A largo plazo es común que los beneficios se reduzcan considerablemente erosionados por la inflación, las sucesivas crisis financieras, o las comisiones de gestión,[14] por lo que ofrecen menos garantías.
[15] Existen sistemas mixtos, como el introducido en Chile,[16] cuya rentabilidad ha sido muy discutida.
[19] Las crisis financieras, la mala administración o el uso de los fondos para fines diferentes a los previstos, han dejado a millones de trabajadores americanos, públicos o privados, sin pensión.
La privatización del sistema no ofrece los beneficios que se prometían a los afiliados.
[cita requerida] Los defensores "críticos" del sistema ´precisan que el sistema debe ser ajustado en aspectos como mejorar la calidad de los trabajos, especialmente en los trabajos menos remunerados que son precarios, fiscalización del pago efectivo de las cotizaciones porque muchos empresarios las declaran pero no las pagan, en caso de cesantía que el estado cubra las cotizaciones para evitar laguna, fiscalización a las AFP para evitar cobros injustificados y excesivos por conceptos de comisiones, prohibición de traspasar las pérdidas a los cotizantes (actualmente las utilidades no las traspasan pero sí las pérdidas).
En noviembre de 2022 el nuevo presidente chileno, Gabriel Boric, anunció una ley que suprime los AFP.
Por esa razón los fondos y sus gestores aumentaron la presión en favor de los recortes en el sistema público.