La segunda pensión es financiada con una cotización, también obligatoria del 2,5% que se asigna, mediante un sistema de capitalización, a cuentas financieras individuales gestionadas por entidades privadas.
El sistema también garantiza una pensión mínima, no contributiva, que se financia con ingresos públicos vía impuestos generales, para aquellos casos en que no se haya alcanzado el mínimo requerido de cotización.
También algunas pensiones "especiales" de supervivencia e invalidez se transfierieron, con la reforma, a otros sistemas separados.
En 1984, se formó una comisión en el parlamento para estudiar el sistema de pensiones que presentó sus conclusiones en 1990, en las que estableció la necesidad de una reforma del sistema.
El texto definitivo de la reforma se aprobó en 1998 para empezar a aplicarse por etapas entre 1999 y 2003.