Patrimonio de la Corona
Dichas propiedades incluían palacios, monasterios, fincas diversas y bienes muebles como pinturas, objetos de arte o mobiliario.
Destacarían, además, las amplias campañas constructivas empezadas con Carlos V y proseguidas con su hijo Felipe II, lo cual supuso la transformación de muchos alcázares castellanos, y la edificación de nuevos palacios.
Las obras del nuevo establecimiento eran todas aquellas que, dada su antigüedad, no encajaban con las nuevas tendencias estilo Imperio con las que Fernando VII redecoró sus residencias, en especial el Palacio Real de Madrid.
[5] El público podía acceder al museo cada miércoles de nueve a dos.
En 1849, el museo fue abierto por primera vez al público que podía visitarlo todos los sábados de una a tres.
Esta ambigüedad se haría especialmente patente durante la regencia de la reina María Cristina (1833-1840).
La regente consideraba que el Patrimonio de la Corona tenía una dimensión más personal y señorial, mientras el nuevo gobierno liberal opinaba que éste debía tener un valor más público y nacional.
Antes de fallecer en 1833, Fernando VII quiso hacer unos inventarios con todos los muebles, enseres y joyas contenidos en los palacios reales.
Las investigaciones subsiguientes sugirieron que, de haber existido, la propia reina regente los habría hecho desaparecer.
[11] Cuando la regente tuvo que partir al exilio a París en 1840 y el general Espartero subió al poder, el nuevo intendente del Patrimonio se encontró con que varios objetos habían desaparecido, presuntamente se los había llevado María Cristina, entre ellos había joyas (sí se encontraron los setecientos estuches vacíos) o muebles renacentistas del viejo Real Alcázar que luego se vendieron en Londres y París.
Tal conflicto también tuvo sus ramificaciones respecto al Museo del Prado, ya que Fernando VII había dejado en herencia a sus hijas, Isabel II y la infanta Luisa Fernanda, la propiedad de todos los bienes muebles, lo que incluía las colecciones del Prado.
La nueva ley listaba las siguientes propiedades como parte del Patrimonio de la Corona:[15]
[16] Algunas de las otras propiedades segregadas fueron:[3][17] Por último, el texto disponía que varias propiedades (predios rústicos y urbanos) serían vendidos, del total de esta venta el 75% iría a parar al Estado y un 25% a la reina.
[19] Entre las propiedades desvinculadas por completo del "uso y servicio" del nuevo soberano había:[20] Paralelamente, tuvieron lugar varias actuaciones en el seno de los bienes muebles de la Corona.
Los bienes reales fueron dotados, una vez más, de un régimen jurídico específico, se optó por un compromiso: el nuevo Patrimonio de la Corona estaría integrado por los bienes descritos en la Ley de 1865 menos aquellos "enajenados ó dedicados a servicios públicos" durante el Sexenio (descritos más arriba).
En 1878, el rey, impresionado por otras armerías europeas, encargó al conde de Valencia de Don Juan (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
El espacio de la Vieja Armería fue ocupado por una nueva verja diseñada por Enrique Repullés y terminada en 1893.
Por su parte, La Granja se convirtió, al menos sobre el papel, en residencia estival del presidente y El Pardo se destinó, también, a un uso residencial y a la recepción de jefes de Estado extranjeros.
El nuevo nombre, sin embargo, eliminaba cualquier referencia monárquica o republicana.
