Los Estados Pontificios, en los que había gobernado el papa hasta 1870, habían sido invadidos por el Reino de Italia en el proceso de Reunificación italiana y, como consecuencia de ello, el papa y la Santa Sede habían quedado sometidos a la soberanía italiana para todos los efectos prácticos, generando un ambiente de hostilidad entre la Iglesia católica y el Estado italiano, situación denominada la «Cuestión romana».
Con ello se restauraba el carácter de Estado soberano para una porción territorial de Roma ocupada físicamente por la Santa Sede y, por ende, para la Iglesia católica.
[3] Existen tres pactos diferentes: A través del concordato, el papa acordó enviar a los candidatos para el obispado y el arzobispado al gobierno de Italia, requerir a los obispos que jurasen lealtad al Estado de Italia antes de tomar el cargo y prohibir al clero tomar parte en la política.
Italia acordó acomodar las leyes sobre el matrimonio y el divorcio a las reglas de la Iglesia católica —reconociendo plenos efectos civiles únicamente a los matrimonios contraídos por el rito católico, con exclusión del resto—[4] y declarar a los miembros del clero exentos de cumplir el servicio militar obligatorio, así como el restablecimiento de los capellanes castrenses.
[6] Estos pactos garantizaron a la Iglesia católica el estatus de iglesia oficial del Estado de Italia, así como un poder sustancial en el sistema educativo italiano: se podía imponer la enseñanza de la religión católica incluso en los centros escolares de propiedad estatal, volvió a colocarse el crucifijo en las escuelas (también en los tribunales de justicia) y se concedieron ventajas a las escuelas confesionales, entre otros privilegios.