Toma de La Brea y Pariñas
Como primer paso envió al Congreso un proyecto para declarar nulo el Laudo de París y solicitó que los campos de La Brea y Pariñas pasaran a ser gestionadas por la entidad estatal Empresa Petrolera Fiscal (EPF).
Atendiendo a este pedido, el Congreso dio la Ley N.º 14696, que declaraba nulo ipso jure el Laudo, pero no se pronunció sobre el segundo punto.
La IPC se obligaba a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender, para procesarla en su refinería en Talara.
Este hecho tuvo un gran impacto en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder.
Apenas ya creada la nueva empresa petrolera, cuyo primer directorio estuvo presidido por el general Marco Fernández-Baca Carrasco, debió afrontar un nuevo reto que definió su perfil: operar y mantener casi toda la compleja industria del petróleo del país con personal propio y sin el apoyo técnico de la comunidad petrolera internacional, que se negó a colaborar debido a que en el país se había puesto en marcha un proceso de nacionalización por parte del Gobierno Revolucionario,[6][7] Petroperú logró progresivamente el autoabastecimiento petrolero, gracias a los históricos descubrimientos de los yacimientos en la selva norte y la construcción del Oleoducto Norperuano.
