Incluso, logró ventajosas excepciones gracias a sucesivos gobiernos de corte pro-Estados Unidos.

IPC cesó sus operaciones en el país; sus bienes expropiados se transformaron en Petróleos del Perú (Petroperú).

[6]​ El 26 de diciembre de 1918 las dos cámaras del Congreso del Perú aprobaron la Ley N.º 3106, que autorizaba al Estado a someter el asunto a un arbitraje internacional, decisión controversial, ya que el gobierno peruano se despojaba de sus facultades soberanas para resolver un asunto interno, llevándolo a la jurisdicción internacional.

[7]​ Pero poco después, en julio de 1919, subió al poder el señor Augusto B. Leguía, político notoriamente pronorteamericano, que no quiso cumplir con la ley congresal y prefirió llegar a un acuerdo transaccional.

Este convenio fue presentado al Tribunal Arbitral, que se reunió en París y estuvo conformado por el Presidente de la Corte Federal Suiza y los representantes del gobierno peruano e inglés.

El gran malestar popular causado por esta situación se convirtió en la bandera de lucha de jóvenes líderes como Héctor Cornejo Chávez, Alfonso Benavides Correa y Fernando Belaúnde Terry, que cimentaron así su carrera política entre 1956 y 1962.

Atendiendo a este pedido, el Congreso dio la Ley N.º 14.696, que declaraba nulo ipso jure el Laudo,[2]​ pero no se pronunció sobre el segundo punto.

[10]​ La IPC se obligaba a comprar todo el petróleo que la EPF le quisiera vender, para procesarla en su refinería de Talara.

Este hecho tuvo un gran impacto favorable en el país y ayudó al gobierno a consolidarse en el poder.

[19]​ Detrás de todas estas operaciones estuvo evidentemente el fuerte lobby armado por la IPC en los Estados Unidos.

[19]​ Con respecto a los yacimientos petrolíferos de La Brea y Pariñas, estos se encontraban ya en franca declinación productiva.

[16]​ Teniendo como base todo ello, el gobierno militar creó la entidad estatal Petróleos del Perú (PETRO-PERU).